La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción informó que el expresidente Alberto Fujimori Fujimori presentaba una deuda por reparación civil impuesta, que alcanza aproximadamente los S/ 57 millones por tres casos en los que fue sentenciado por el Poder Judicial.
El expresidente Alberto Fujimori, fallecido recientemente, deja una deuda de reparación civil al Estado peruano que asciende a S/ 57 millones. La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción informó que esta deuda fue impuesta por el Poder Judicial en tres casos relacionados con actos de corrupción cometidos durante su mandato.
La suma adeudada incluye los intereses generados por el no pago de la reparación civil. Los casos en cuestión son el allanamiento irregular a la vivienda de Vladimiro Montesinos, la compra irregular de Cable Canal y el pago indebido de la CTS a su exasesor. Estos hechos marcaron uno de los capítulos más oscuros de la política peruana.
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Dificultades en el cobro
Fujimori, quien en vida no cumplió con el pago de la deuda, renunció a recibir una pensión vitalicia como expresidente. Ello dificultó el cobro de la reparación civil. Además, según las autoridades, no se le registran bienes a su nombre que puedan embargarse para saldar la deuda.
La Procuraduría aclaró que, aunque el Tribunal Constitucional falló a favor de algunos recursos presentados por Fujimori, esto no lo eximía de su responsabilidad de pagar la reparación civil. La deuda sigue siendo una obligación pendiente con el Estado peruano, aún después de su muerte.
El Ministerio Público señaló que, durante los últimos años, mantuvo activa la vigilancia sobre Fujimori para garantizar su permanencia en el país, con el objetivo de hacer frente a los casos de extradición pendientes. Sin embargo, su reciente fallecimiento cierra este capítulo legal.
A pesar de la imposibilidad de cobrar la deuda mediante el embargo de bienes o pensiones, el Estado tiene la potestad de seguir buscando formas de asegurar el cumplimiento de las reparaciones. El impacto económico de la corrupción en la administración pública sigue siendo un tema de profundo interés para las autoridades.
La figura de Fujimori, aunque controvertida por su manejo económico y político del país, también está recordada por los numerosos casos de corrupción que protagonizó junto a su exasesor Vladimiro Montesinos. Estos escándalos llevaron a su caída y posterior juicio, del cual aún quedan secuelas jurídicas y económicas.
Los hijos podrían pagar
La muerte de Fujimori marca el final de una era política, tam,bién deja en suspenso las implicaciones legales y financieras que su mandato generó. La deuda de reparación civil de Fujimori continúa siendo una mancha en su legado, aunque su familia podría heredar las obligaciones pendientes.
A Fujimori lo condenaron en 2007 por varios crímenes. Desde entonces las instituciones judiciales han buscado garantizar que cumpla tanto con las penas privativas de libertad como con las responsabilidades económicas que conllevaban. Sin embargo, la Procuraduría enfrenta un gran desafío al no encontrar activos disponibles para el cobro de la deuda.
El pago de la reparación civil es fundamental, no solo como un acto de justicia económica, sino también como un símbolo de reparación frente a los daños ocasionados al país durante su régimen. El monto adeudado estaba destinado a compensar, en parte, las pérdidas generadas por la corrupción.
El caso de Fujimori sigue siendo un tema sensible en el Perú, donde las heridas de su régimen aún son recordadas. La deuda millonaria representa uno de los múltiples aspectos en los que la justicia peruana continúa buscando responsabilizar a los implicados en actos de corrupción.
Finalmente, la Procuraduría reafirma su compromiso en la lucha contra la corrupción, asegurando que, independientemente de la muerte de Fujimori, seguirán trabajando para hacer cumplir las sanciones impuestas.
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