Durich Francisco Whittembury Talledo, actual ministro de Vivienda, enfrenta una investigación por su presunta participación en actos ilícitos durante la ejecución de la obra del Sistema de Agua Potable de Chimbote, donde se le atribuye haber beneficiado a Odebrecht.
El actual ministro de Vivienda, Durich Francisco Whittembury Talledo, está bajo la lupa de la justicia peruana por su implicación en presuntas irregularidades durante la ejecución del proyecto «Sistema de Agua Potable de Chimbote – Lote 4». Según la Fiscalía, Whittembury, en su calidad de exdirector ejecutivo del Proyecto PARSSA, habría favorecido a la empresa Odebrecht.
El Poder Judicial ha declarado fundada una reparación civil provisional de más de 42 millones de dólares, presentada por la Procuraduría Ad Hoc para los Casos Lava Jato. Este monto debería pagarse de manera solidaria por los involucrados si se les halla culpables de los delitos de colusión agravada y lavado de activos, entre otros.
El expediente de la investigación señala que Whittembury y otros funcionarios incumplieron con sus deberes al aprobar el expediente técnico de la obra sin una revisión adecuada. Esto, según la Procuraduría, permitió que Odebrecht ganara la licitación de manera irregular, perjudicando económicamente al Estado.
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Tesis fiscal
Jorge Barata, exdirector de Odebrecht en el Perú, declaró que se acordó el pago de un soborno de 1,15 millones de dólares a cambio de favorecer al «Consorcio Constructor Río Santa» en la licitación. Este consorcio, liderado por Odebrecht, fue seleccionado para ejecutar la obra por más de 31 millones de dólares.
La Fiscalía también apunta que, durante la firma del contrato, el presupuesto se ajustó sin el debido sustento técnico, lo que generó sobrecostos y más perjuicios económicos para el Estado. Además, se registraron pagos irregulares por 176.980 dólares a un empresario peruano vinculado al proyecto.
La investigación preparatoria contra Francisco Whittembury se formalizó el 30 de octubre de 2023. La Procuraduría mantiene el derecho de modificar el monto de la reparación civil conforme avancen las investigaciones y se aclaren los detalles de la presunta colusión agravada y los sobrecostos.
El caso aún está en etapa de investigación, y la jueza Margarita Salcedo ha permitido que la Procuraduría Ad Hoc continúe evaluando los daños patrimoniales y extrapatrimoniales causados por esta obra pública, que ha generado controversia y preocupación en el sector Vivienda.
