La jueza Flor de María Acero ordenó el embargo preventivo de propiedades de Martín Vizcarra y su esposa, en el marco de una investigación por presuntos actos ilícitos durante su gestión como gobernador de Moquegua. Las propiedades embargadas están ubicadas en Lima y Moquegua.
La jueza Flor de María Acero Ramos, del Juzgado Transitorio Especializado en Extinción de Dominio de Lima, ordenó el embargo preventivo de siete propiedades pertenecientes al expresidente Martín Vizcarra y su esposa, Maribel Díaz Cabello. Esta medida busca garantizar el pago de una futura reparación civil a favor del Estado en el marco de las investigaciones que enfrenta el exmandatario.
La Sexta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima solicitó el embargo como parte de las indagaciones por presuntos actos de corrupción durante la gestión de Vizcarra como gobernador regional de Moquegua entre 2011 y 2014. Las investigaciones están centradas en los proyectos Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua, ambos bajo sospecha de irregularidades.
El embargo incluye dos departamentos, dos estacionamientos y un depósito ubicados en San Isidro, Lima, así como dos propiedades en Moquegua. Entre las propiedades de Moquegua se encuentran un lote de una asociación de viviendas con diez subviviendas y un predio en el centro de la ciudad. Estas propiedades quedan bajo restricción, lo que impide su venta o transferencia.
También puedes leer: Sentencian a Minera Aruntani por contaminación de ríos
La medida se enmarca en el Código Procesal Penal, que permite la inhibición de bienes como una de las formas de coerción procesal. Este tipo de medidas busca preservar los activos del investigado para asegurar el cumplimiento de una posible reparación civil en favor del Estado.
El Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio, bajo la supervisión del juez supremo Manuel Luján Tupez, también respaldó la decisión.
Las investigaciones contra el expresidente Vizcarra siguen avanzando, mientras se evalúan otras posibles medidas legales que podrían implementarse conforme se esclarezcan los hechos. Las propiedades embargadas quedarán en custodia mientras dure el proceso judicial.
