La Policía Nacional del Perú enfrenta una grave crisis de corrupción y mala conducta, con más de 750 agentes encarcelados por diversos delitos. Esta situación expone las profundas fallas dentro de la institución encargada de garantizar la seguridad en el país.
La situación en la Policía Nacional del Perú (PNP) se ha vuelto alarmante con la revelación de que 758 policías se encuentran actualmente encarcelados por diversos delitos. Esta cifra, difundida por el programa Punto Final, pone en evidencia la creciente crisis de corrupción y mala conducta que afecta a la institución.
Hasta julio de 2023, la población penitenciaria del país ascendía a 93,147 internos, de los cuales 758 son policías. De este grupo, 367 están en proceso judicial, mientras que 391 tienen sentencia. Los delitos más comunes entre estos agentes incluyen cohecho pasivo, robo agravado, tráfico ilícito de drogas y violación, entre otros.
En Lima, los agentes encarcelados están distribuidos en varios penales: 70 en Lurigancho, 46 en Castro Castro, 21 en Ancón y 19 en Ancón II. La gravedad de los delitos cometidos por estos policías refleja un problema sistémico que socava la confianza pública en la PNP.
Además, seis policías están encarcelados por delitos contra la humanidad, como tortura y desaparición forzada. Estos casos han llevado a la PNP a planear la construcción de una cárcel exclusiva dentro de las instalaciones de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes). Este centro actualmente alberga a expresidentes como Alejandro Toledo y Pedro Castillo.
Procesados por protestas
El informe de Punto Final también señala que la preocupación de la PNP se extiende a posibles encarcelamientos futuros relacionados con la represión de las protestas antigubernamentales que dejaron 49 muertos. Según el Ministerio Público, 154 miembros de la PNP y del Ejército tienen procesos por estos hechos.
La crisis institucional se agrava con los datos del Índice de Riesgos de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO), que coloca a la PNP en Lima Metropolitana como la entidad gubernamental con mayor riesgo de corrupción, con un puntaje de 75.7. Entre 2018 y 2023, 23,824 oficiales pasaron al retiro por faltas graves, lo que muestra la magnitud del problema.
La construcción de una cárcel exclusiva para policías en la Diroes está siendo evaluada por el Ministerio de Justicia. Sin embargo, expertos como el exjefe de la entidad, Leonardo Caparrós, advierten sobre la necesidad de asegurar un control adecuado en estos centros para evitar situaciones similares a las del penal Virgen de las Mercedes, donde la autoridad penitenciaria tiene un control limitado.