La Junta de Fiscales Supremos rechaza enérgicamente la propuesta legislativa que permite a la Policía Nacional del Perú asumir funciones investigativas. Argumentan que socava la independencia del Ministerio Público y pone en riesgo la democracia.
La Junta de Fiscales Supremos ha lanzado una advertencia contundente contra el proyecto de ley que busca otorgar facultades investigativas a la Policía Nacional del Perú (PNP). En un video difundido en redes sociales, el Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, junto al pleno de fiscales supremos, expresó su preocupación. Pues lo consideran un golpe directo a la autonomía del Ministerio Público y a los avances en la lucha contra la criminalidad.
Congreso quiere aprobarlo
El proyecto de ley, que ya fue aprobado en primera votación en el Congreso, está ahora a la espera de una segunda votación. Si se aprueba, pasará al Ejecutivo, donde la presidenta Dina Boluarte tendrá la decisión final sobre la promulgación de una ley. Según los fiscales la norma contradice abiertamente el artículo 159 de la Constitución Política del Estado.
La propuesta de ley, que busca modificar el Código Procesal Penal, es vista por muchos como una represalia del Congreso tras la fallida imposición de Patricia Benavides en el sistema de justicia. La nueva ley permitiría a la PNP asumir la investigación preliminar de delitos. Esta función, según el artículo constitucional mencionado, es competencia exclusiva del Ministerio Público. «Se pretende subordinar la labor de los fiscales, debilitando nuestra capacidad de investigar y perseguir el delito», afirmó Villena.
Policías no están preparados
Los fiscales supremos también señalaron la falta de preparación de la PNP para asumir estas funciones. Según Villena, la policía no cuenta con la capacitación adecuada ni con los recursos logísticos y operativos necesarios para llevar a cabo investigaciones criminales de manera efectiva. «Es inaceptable que se otorguen estas facultades a una institución que no está equipada para manejar la complejidad de las investigaciones preliminares», añadió.
Para sustentar sus argumentos, Villena citó un informe de la Defensoría del Pueblo que destaca las deficiencias en la infraestructura y los recursos de la PNP. El informe «Por una atención policial de calidad con respeto de los derechos fundamentales» señala que el 87% de los departamentos de atención urgente necesitan mejoras y que hay una carencia generalizada de oficinas de criminalística a nivel nacional.
La Junta de Fiscales Supremos ha hecho un llamado a la ciudadanía para que permanezca vigilante ante lo que consideran un debilitamiento progresivo de las instituciones del país. «Este proyecto de ley no solo afecta la independencia del Ministerio Público, sino que también erosiona nuestra democracia y el respeto por los derechos fundamentales», concluyó Villena.
En este contexto, la controversia sobre la ley no solo pone en tela de juicio la separación de poderes, sino que también plantea serias dudas sobre el futuro de la justicia en el Perú. La aprobación final de la ley está en manos del Ejecutivo, pero el debate público y la presión social podrían jugar un papel crucial en su destino.
