El caso Correcaminos del Sur es la mejor muestra de que justicia que tarda ya no es justicia. Luego de cuatro años de investigaciones la fiscal Marita Cueva hizo el requerimiento de acusación ante el Poder Judicial y un año después recién se pudo iniciar el juicio que tanto esperaba el pueblo arequipeño. Sin embargo, el sueño de justicia que muchos podríamos estar esperando respecto a este caso se diluye y pasa a convertirse en una pesadilla chistosa en la que los malos resultan ganadores y riéndose de todos.
Tanto el exgerente regional de Transportes y Comunicaciones, José Gamarra Vásquez, como el resto de sus “compinchez” han aceptado sus delitos y estuvieron negociando con la fiscal Marita Cueva para que sus penas se reduzcan a lo mínimo. Esto luego de conocerse que se pedía para ellos penas de hasta 20 años y en algunos caso más de 5 y 12 años de prisión efectiva.
Sin embargo, ahora están empoderados. La demora en las investigaciones y en el inicio del juicio ha dado sus frutos en favor de los corruptos confesos. Y es que el Congreso, otro nido de la corruptela que agobia a nuestro país, promulgó una ley que salva a todos los funcionarios públicos procesados por corrupción y en la figura de organización criminal. La norma, para decirlo en pocas palabras, dice que para que se configure una organización criminal los delitos deben tener una pena mínima de 6 años. Es decir, de una solo plumazo salen de la lista los delitos de corrupción de funcionarios, porque estos tienen penas mínimas de hasta 4 años.
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Con esto, en Arequipa se caen los casos emblemáticos de los Correcaminos del Sur y de pasada Los Hijos del Cóndor, con Elmer Cáceres Llica a la cabeza.
La ley de los “95% de rechazo” entonces ya está cumpliendo su función. El Congreso actual, cuyos miembros bien pudieron ser procesados por organización criminal en unos años, se blindan así para no correr el riesgo de ser encarcelados 15 o 20 años por todo el descalabro que están provocando en el país.
En Arequipa, José Gamarra y compañía se frotan las manos. No cuentan las horas de salir libres del juicio porque ahora ya no serán procesados por organización criminal. Y la fiscal Marita Cueva no sabe qué hacer, pues ya empezó negociaciones para ver si alguno de los imputados se acoge a la figura de banda criminal. Pero esta se caerá por su propio peso, porque los delitos y la acusación no pueden sustentar una banda criminal. Entonces, lo más seguro es que sean procesados por los delitos individuales.
En el caso de Gamarra por ejemplo, el delito de Concusión Real tiene una pena mínima de 4 años. Si tomamos en cuenta que ya pasó 4 años en la cárcel con prisión preventiva, y si es declarado culpable, seur sale libre ese mismo día.
Entonces, la justicia que esperamos por más de 5 años no se hará realidad. ¿A quién culpamos? ¿A los fiscales que no aceleran los procesos o a los congresistas que ayudan a los corruptos?