Un grupo de ciudadanos recurrió a la Corte Penal Internacional con sede en La Haya para buscar justicia por los asesinatos en las protestas de 2022-2023.

Una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) ha sido presentada contra las autoridades peruanas por la muerte de 49 personas en las protestas sociales entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. La denuncia responde a la demora injustificada de las investigaciones en el Perú y al riesgo de impunidad.

Según el internacionalista Óscar Vidarte, uno de los firmantes de la denuncia, los avances para encontrar justicia para las víctimas son mínimos en los últimos dos años. Vidarte considera que la CPI es una instancia pertinente para recurrir debido a la demora injustificada en las investigaciones nacionales.

La denuncia se basa en el artículo siete del Estatuto de Roma, que considera el asesinato como crimen de lesa humanidad cuando se comete como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Vidarte considera que lo ocurrido entre 2022 y 2023 puede calificar como tal.

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Opinan los involucrados

La excongresista y expremier Mirtha Vásquez, también firmante de la denuncia, explicó que la presidenta Dina Boluarte y el expremier y exministro de Defensa Alberto Otárola están incluidos en la denuncia. Vásquez enfatizó que un Estado democrático no puede permitir la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos, en referencia a las protestas de 2022-2023.

El abogado Carlos Rivera explicó que la denuncia incluye una imputación directa a la presidenta Boluarte y que se asume que los crímenes cometidos son internacionales, específicamente lesa humanidad.

El exprocurador Antonio Maldonado llamó la atención sobre la gravedad de los hechos y la necesidad de investigaciones cabales dentro de un marco razonable de tiempo. Maldonado considera que la reciente ley que declara la inaplicabilidad de la figura de la lesa humanidad en delitos cometidos con anterioridad al año 2002 es un obstáculo para la justicia.

El exrepresentante peruano ante la Organización de Estados Americanos, Harold Forsyth, comentó que la denuncia ha buscado respetar los altos estándares que exige la CPI y espera que la Fiscalía de la CPI decida iniciar una investigación formal en los próximos meses.

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