La fiscal Leslie Rodríguez Calderón ordenó la liberación de los ciudadanos extranjeros José Tovar Maldonado (31) y Rafhael Hinojosa Torrealba (29) quienes le rompieron la nariz y el brazo a un efectivo de la comisaría de Pampa Camarones.
La fiscal Leslie Rodríguez Calderón ordenó liberar a dos venezolanos que agredieron a un policía de Pampa Camarones, al no hallar presuntamente elementos suficientes para apresarlos.
Según la investigación preliminar, un policía de 29 años llegó la primera cuadra de la calle Puerto Maldonado en Yanahuara tras recibir denuncias sobre extranjeros consumiendo alcohol y alterando el orden, en la zona.
Los ciudadanos extranjeros se negaron a identificarse y atacaron al policía con un golpe en la cabeza, rompiéndole la nariz con un cabezazo.
Durante la agresión, los extranjeros utilizaron la puerta del patrullero para romper el brazo izquierdo del joven policía, causándole graves lesiones físicas.
Luego de reducirlos y llevarlos a la comisaría de Pampa Camarones, los extranjeros mostraron una actitud desafiante y burlona hacia el agente herido.
Los agresores se autolesionaron en la comisaría, alegando ante la fiscal que también fueron agredidos, aunque las cámaras captaron toda la intervención policial.
A pesar de las graves lesiones del policía, la fiscal liberó a los extranjeros, quienes amenazaron de muerte al efectivo.
José Tovar Maldonado y Rafhael Hinojosa Torrealba tienen antecedentes por violencia, resistencia a la autoridad, robo agravado y posesión de drogas en Perú.
Se sospecha que estos ciudadanos extranjeros pertenecen a una banda criminal dedicada al préstamo «gota a gota», operando en diferentes áreas de Arequipa.
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Abandono policial
Los familiares del policía agredido denunciaron el abandono policial y la falta de asesoría legal durante la detención de los extranjeros en la comisaría.
La fiscal no solicitó la detención preliminar de 48 horas, algo común en casos de agresión a miembros de la Policía Nacional del Perú.
La sanidad de la Policía Nacional carece de implementos para tratar las heridas del policía agredido, obligando a la familia a pagar atención privada.
Debido a las amenazas de muerte, la familia del policía solicitó garantías de vida y pidió revisar la decisión de liberar a los agresores.
Solicitaron al presidente de la Junta de Fiscales de Arequipa que reevalúe la decisión de la fiscal de no pedir prisión preventiva para los agresores.