El abogado de Boluarte, Joseph Campos, anunció que la Fiscalía archivó el caso de genocidio, pero continuará investigando los delitos de homicidio y lesiones relacionados con las protestas.
El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Joseph Campos, anunció que la Fiscalía de la Nación decidió archivar la investigación por el delito de genocidio. Este caso se relaciona con la muerte de 49 personas durante las protestas en contra de su gobierno. Campos sostuvo que la investigación continuará en torno a los delitos de homicidio y lesiones.
Campos celebró esta decisión, argumentando que una acusación tan grave como el genocidio afecta no solo a la presidenta sino al país entero. Además, indicó que el principal argumento para archivar el caso fue la falta de elementos suficientes para calificar lo ocurrido como genocidio. La investigación de homicidio y lesiones sigue su curso. Aún se buscar determinar responsabilidades en el uso de armas por parte de las fuerzas del orden durante las protestas.
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Críticas
Sin embargo, esta decisión de la Fiscalía se da en medio de críticas de Amnistía Internacional. Esta organización señaló que Boluarte podría ser considerada como autora mediata de las muertes de 50 personas durante las protestas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Madeleine Penman, investigadora regional de Amnistía, informó que en diciembre de 2022, Boluarte se reunió con jefes militares y policiales en múltiples ocasiones, y concluye que Boluarte podría ser responsable por las graves violaciones de derechos cometidas durante las protestas.
Los familiares de las víctimas expresaron su indignación y dolor ante el archivamiento de la investigación por genocidio. Milagros Samillan, familiar de una de las víctimas, manifestó su molestia y anunció una marcha en rechazo a la noticia. El abogado Carlos Rivera del Instituto de Defensa Legal afirmó que este archivamiento no exime a la presidenta ni a los ministros de responsabilidades penales, ya que la investigación por homicidio calificado persiste. A la fecha, existen 20 investigaciones preparatorias formalizadas en varios departamentos del Perú, involucrando a 160 personas, entre ellas miembros de la Policía Nacional y el Ejército.
Fiscalía formaliza acusación constitucional
Menos de dos horas después de que el abogado de la presidenta Dina Boluarte, Joseph Campos, y el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, anunciaran el archivamiento de la investigación por genocidio, el Ministerio Público presentó una denuncia constitucional contra Boluarte. Esta denuncia, relacionada con las muertes de 44 personas durante las protestas entre diciembre de 2022 y enero de 2023, también incluye a exministros de su gobierno como Pedro Angulo Aranda, Alberto Otárola, Jorge Luis Chávez, César Cervantes, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero. Según la Fiscalía, estos altos funcionarios son presuntos autores de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado.
La denuncia constitucional se publicó a través de la cuenta oficial del Ministerio Público en X, y acusa a los mencionados funcionarios de omisión impropia y dolo eventual en el contexto de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo lesiones graves y leves. Las protestas, que tuvieron lugar en regiones como Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Ucayali, Puno, Lima y La Libertad, resultaron en la muerte de 41 personas, por disparos, y, tres, por golpes con objetos contundentes, además de 116 heridos.
