La investigación que el Ministerio Público inició contra la esposa del gobernador Rohel Sánchez fue archivada. Esto a pesar de que existen audios y chats en los que ordenaba a funcionarios del gobeirno regional a contratar a personas que apoyaron la campaña electoral de su esposo.

En abril de 2023, en un medio local, salían a la luz unos chats de WhatsApp en los que Luz Marina Zevallos Patrón, esposa del gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, presuntamente direccionaba la contratación de trabajadores para distintas áreas del Gobierno Regional de Arequipa.

De acuerdo a las fuentes citadas en aquella ocasión, Zevallos Patrón no trabajaba sola y buscaba pagar favores políticos para quienes apoyaron meses atrás la campaña de su marido.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo del fiscal, Arturo Valencia Paiva, confirmó este lunes (22 de julio), que el caso fue archivado; según información del portal BAM Noticias.

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Los argumentos de la fiscalía

El fiscal señaló que a pesar de la existencia de capturas de chats entre ella y otros funcionarios, a quienes ordenaba o recomendaba la colocación de personal en sus respectivas áreas, no se pudo evidenciar que existió tráfico de influencias: porque no se reunió las pruebas necesarias para demostrar ese delito. Para ello, se tenía que acreditar que Zevallos Patrón solicitó algún beneficio a cambio de la ayuda brindada.

De acuerdo a Valencia Paiva, tampoco existió negociación incompatible, porque Luz Marina Zevallos no es funcionaria pública. A pesar de ello se le consideró como incitadora, pero al revisar la documentación de las contrataciones todo estaba en orden, de acuerdo a Valencia Paiva.

Además según el fiscal, en los celulares incautados a la esposa del gobernador, no se encontraron los chats denunciados. E inclusive, a pesar de darlos por ciertos y reales, la fiscalía no considera esos chats como evidencia de un delito.

Para que el caso no quede en letra muerta, aún queda un camino legal. La procuraduría anticorrupción puede quejar la resolución del Ministerio Público en una segunda instancia. Esta puede ratificar el archivo o solicitar que se siga indagando. Al cierre de la presente edición no se conoce ningún pronunciamiento por parte del gobernador o su esposa.

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