Las instituciones públicas no pueden convertirse en espacios reservados para grupos familiares, allegados al poder de turno o personas que contribuyeron económicamente a una campaña política. La administración pública pertenece a los ciudadanos y, por ello, quienes ocupan cargos estratégicos deben demostrar capacidad, experiencia, idoneidad y compromiso con el interés colectivo.
El caso de Zuleika Abigail Tohalino Zegarra y Ronald Augusto Tohalino Manrique, ambos vinculados al Gobierno Regional de Arequipa, vuelve a poner sobre la mesa una discusión que trasciende sus nombres: ¿qué criterios se están utilizando para seleccionar y mantener a quienes tienen responsabilidades dentro de una institución que administra millones de soles de recursos públicos?
La cercanía política o familiar no constituye, por sí sola, una irregularidad. Tampoco un aporte de campaña convierte automáticamente a una persona en alguien impedido para trabajar en el Estado. Pero cuando estas circunstancias coinciden con permanencias prolongadas, ascensos, contrataciones y presencia en áreas estratégicas, corresponde que existan explicaciones claras y verificables.
Mucho más delicado resulta cuando aparecen cuestionamientos sobre una eventual influencia en la contratación o permanencia de trabajadores. Si existen denuncias de este tipo, deben ser investigadas y esclarecidas, porque ninguna persona debería tener poder informal para decidir quién entra, quién permanece o quién sale de una institución sin contar con la competencia legal para hacerlo.
El verdadero problema es de fondo. Arequipa no puede darse el lujo de tener funcionarios escogidos por amistad, parentesco o favores políticos cuando existen obras paralizadas, proyectos que nunca comenzaron, presupuestos que no se ejecutan y necesidades urgentes que siguen esperando respuesta.
Cada puesto público debe ser ocupado por quien esté mejor preparado para cumplir una función y no por quien tenga mejores conexiones. La meritocracia no puede ser un discurso utilizado durante las campañas y olvidado una vez que se llega al poder.
El Gobierno Regional y todas las entidades públicas deben fortalecer sus filtros de selección, transparencia y control. También corresponde a los órganos fiscalizadores revisar posibles conflictos de interés y verificar que las decisiones administrativas respondan estrictamente a la ley.
Los recursos públicos no pertenecen a una gestión, a un partido ni a una familia. Pertenecen a todos los arequipeños. Y quienes gobiernan tienen la obligación de administrarlos con eficiencia, transparencia y responsabilidad.
Porque una mala elección de funcionarios no termina solamente en un cuestionamiento político: puede terminar en una obra paralizada, un proyecto abandonado, millones de soles desperdiciados y una población que sigue esperando.
