La Segunda Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima logró recuperar a favor del Estado peruano dos barras de oro valorizadas en aproximadamente S/1 millón 635 mil 496, tras determinar que tendrían un origen ilícito vinculado a actividades de minería ilegal.
Según informó el Ministerio Público, la recuperación de los lingotes se concretó mediante una demanda judicial, luego de que la Fiscalía especializada sustentara que ambos bienes compartían un origen ilícito y estarían relacionados con operaciones de lavado de activos.
Los metales preciosos habrían pertenecido a la empresa Reginub E. I. R. L. durante el periodo comprendido entre febrero de 2020 y julio de 2021. El primer lingote tiene un peso de 5.25 kilogramos y fue valorizado en aproximadamente US$228 847.50, mientras que el segundo pesa 5.95 kilogramos y tendría un valor cercano a US$259 360.50.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, los activos estarían vinculados al delito de lavado de activos, específicamente bajo la modalidad de ocultamiento o tenencia de bienes de origen ilícito provenientes de la minería ilegal.
El Ministerio Público señaló que la fiscalía especializada logró acreditar que la persona jurídica investigada no contaba con los recursos económicos necesarios para adquirir los lingotes ni con financiamiento o provisiones externas que permitieran justificar las operaciones realizadas.
Asimismo, las indagaciones determinaron que la empresa tampoco habría tenido capacidad económica suficiente para ejecutar las actividades mineras necesarias para generar las utilidades que declaró durante el periodo investigado.
Esta falta de respaldo financiero fue considerada por la Fiscalía como un elemento que evidenciaría un incremento patrimonial sin justificación, relacionado con los bienes posteriormente sometidos al proceso de extinción de dominio.
La medida busca que los activos vinculados presuntamente a actividades ilícitas pasen definitivamente a favor del Estado, sin que ello dependa únicamente de una eventual condena penal, conforme al procedimiento especial de extinción de dominio.
Con la recuperación de las dos barras de oro, valorizadas conjuntamente en más de S/1.6 millones, el Ministerio Público reafirmó su labor contra el uso de bienes provenientes de actividades ilícitas, especialmente aquellas relacionadas con la minería ilegal y el lavado de activos.
El caso también pone nuevamente en evidencia la necesidad de rastrear el origen y sustento económico de los metales preciosos que ingresan al circuito comercial formal, particularmente cuando existen inconsistencias entre el patrimonio declarado por una empresa y su capacidad real para realizar operaciones de alto valor.
