Regional

Empleo público no puede convertirse en premio por lealtades políticas

miércoles, 28 de octubre de 2026 | 1:15 am

La contratación de personas vinculadas al entorno político del Gobierno Regional de Arequipa vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿los puestos públicos se asignan por méritos y capacidades o por cercanía con quienes ejercen el poder? El caso de Yaritza Quispe Canaza, incorporada a AUTODEMA con una remuneración mensual de S/ 3.900, exige explicaciones claras sobre los criterios que determinaron su contratación.

Según documentos revisados por Diario Revelación, su solicitud laboral fue recibida el mismo día en que comenzó su contrato como auxiliar de campo. Además, existen cuestionamientos sobre sus anteriores contrataciones en la Gerencia Regional de Salud, cuya asesoría legal recomendó anular dos resoluciones administrativas por deficiencias en su sustento. Estos antecedentes no prueban por sí mismos un favorecimiento político, pero justifican una revisión rigurosa de los procedimientos.

La situación resulta más preocupante cuando aparecen vínculos con el entorno de Luz Marina Zeballos Patrón, esposa del gobernador Rohel Sánchez, y señalamientos sobre una presunta participación de la trabajadora en actividades de campaña. La cercanía política no constituye una falta ni impide automáticamente acceder a un empleo público. El problema surge cuando existen dudas sobre la evaluación de méritos, el cumplimiento del perfil requerido y la transparencia de las decisiones administrativas.

También resulta difícil entender que el gerente ejecutivo de AUTODEMA, Walter Hilari, afirmara desconocer si la trabajadora laboraba en la entidad, pese a que su firma figura en el contrato. Una declaración de esa naturaleza obliga a preguntar qué controles existen y quién supervisa las incorporaciones de personal.

El empleo público no es patrimonio de una autoridad, una familia ni una organización política. Cada contratación compromete recursos que pertenecen a todos los ciudadanos y debe responder a una necesidad institucional comprobable. La experiencia, la preparación y la idoneidad deben prevalecer sobre las amistades, los respaldos electorales y las lealtades personales.

Por ello, AUTODEMA y el Gobierno Regional deben explicar cómo se evaluó el currículum, qué requisitos se exigieron, quién autorizó el ingreso y si se verificó el cumplimiento de las funciones contratadas. También corresponde esclarecer las dudas sobre la orden de servicio presentada posteriormente por la trabajadora.

No se trata de condenar sin pruebas, sino de exigir transparencia. Si la contratación fue regular, la documentación debe demostrarlo. Si hubo privilegios o incumplimientos, corresponde determinar responsabilidades. La confianza ciudadana no se recupera con declaraciones evasivas, sino con procedimientos verificables y rendición de cuentas. Los puestos públicos deben servir a la población, nunca convertirse en recompensa por acompañar una campaña política.

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