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LA AMENAZA CAMBIA DE LUGAR. ¿NUESTRA RESPUESTA TAMBIÉN?

lunes, 5 de octubre de 2026 | 4:01 am

Las amenazas en las fronteras de Colombia, Ecuador y Perú también exigen decisiones de seguridad corporativa.
Por Percy Quispe Morales, MBA, ESRM
¿De qué sirve proteger una instalación si las personas y los proveedores que la mantienen en marcha ya no pueden llegar? En septiembre de 2026, algunos comercios de Santa Marta atendían con las puertas a medio abrir; otros vendían por las ventanas. El País documentó esa reapertura cautelosa mientras persistía el paro armado. La instalación seguía en pie. Lo que faltaba era libertad para trabajar sin intimidación. Desde el Caribe colombiano, la escena plantea un dilema que trasciende ese territorio: ¿qué parte de nuestra operación depende de una seguridad que no controlamos? Un hospital puede conservar sus equipos y perder una entrega esencial. Una empresa puede abrir sus oficinas y no disponer de transporte seguro para sus trabajadores. La distancia no sustituye al análisis Las fronteras amazónicas de Colombia, Ecuador y Perú importan a una organización cuando allí tiene personas, actividades o dependencias comprobables. El vínculo también puede llegar por un proveedor o intermediario. Sin esa conexión, una noticia preocupante no equivale automáticamente a un riesgo empresarial prioritario. El 6 de septiembre de 2026, la Fiscalía de Ecuador informó una sentencia condenatoria contra quince personas y cinco empresas por lavado de activos en el caso «Comandos de la Frontera». La investigación identificó compañías de transporte, ganadería y construcción utilizadas para dar apariencia legal a recursos ilícitos. Se trata del resultado comunicado, no de una afirmación sobre su firmeza. La lección no es sospechar de todo proveedor de esos sectores. Es comprobar quién lo controla, qué capacidad tiene y si su operación corresponde a lo declarado. El problema fronterizo puede alcanzar relaciones comerciales, cumplimiento y reputación, aunque la sede esté lejos. También hay respuestas estatales. El Departamento de Justicia estadounidense informó la extradición desde Colombia de «Araña», presunto dirigente de Comandos de la Frontera, el 25 de septiembre. En junio, el Ministerio de Defensa peruano había reportado una intervención contra un campamento atribuido a Comandos de la Frontera–Ejército Bolivariano en Putumayo. Ninguna actuación demuestra, por sí sola, la desaparición de una red. El efecto globo no explica todo Presionar una actividad puede desplazar parte de ella. Pero las redes también pueden perder capacidad, fragmentarse o cambiar de negocio sin mudarse. El efecto globo es una hipótesis que debe contrastarse, no una ley que vuelva inútil cualquier intervención. Después de la Operación Mercurio, MAAP documentó en 2020 una fuerte reducción de la deforestación minera en La Pampa, un aumento en Pariamanu y una disminución en Camanti. Esa observación no identifica por sí sola a los mismos actores trasladándose. Obliga a seguir beneficios locales y nuevas presiones. Para Seguridad, importa qué cambia en la exposición: amenazas a un proveedor, restricciones de acceso o intermediaciones inexplicadas. Debemos contrastarlas con datos operativos y otras causas posibles. Un retraso puede ser comercial o climático; no todo cambio es adaptación criminal. 17 Cuando la frontera entra al comité de riesgos Pensemos en un ejemplo hipotético. Un distribuidor abastece varias ciudades mediante un transportista que opera en una zona fronteriza. Algunos conductores reportan amenazas y el proveedor reduce despachos. Compras busca reemplazo; Operaciones calcula inventario; Seguridad evalúa exposición. El transportista alterno parece resolver el problema, hasta que se comprueba que depende del mismo acceso. Exigir el despacho trasladaría el peligro al contratista. Suspenderlo sin coordinación podría dejar sin suministros a un cliente esencial. Ya no se trata solamente de proteger una carga, sino de sostener una función sin exponer indebidamente a personas. Aquí cobra sentido ESRM, gestión de riesgos de seguridad empresarial: el enfoque de ASIS que vincula la seguridad con la misión, los activos y sus responsables. Seguridad integra la evaluación, desarrolla opciones con Operaciones, Compras, Recursos Humanos y Legal, y puede liderar las medidas acordadas. El responsable del activo o servicio decide dentro de su autoridad; los conflictos de prioridades se elevan al nivel competente. Las alternativas pueden incluir proteger al personal, reservar capacidad distinta, modificar entregas o pausar una actividad. Cada decisión necesita recursos, límites y revisión. La empresa no asume la defensa de la frontera: gobierna su propia exposición. También importa el tiempo. En la propuesta AERS, Anticipación Estratégica para Riesgos de Seguridad bajo gobernanza ESRM, busco conectar cambios relevantes con opciones antes de perder margen. El distribuidor no necesita predecir el próximo ataque: necesita saber cuánto tarda en preparar un reemplazo y cuándo decidir para que todavía esté disponible. Prepararse para más de un futuro Para los próximos seis a doce meses, propongo ensayar escenarios que ayuden a decidir, no anunciar pronósticos. Si la presión desplaza actividad hacia la zona de un tercero, habrá que revisar la exposición de personas y suministros. Si disminuye la violencia visible, pero persisten cobros coercitivos, mantener entregas no bastará para declarar normalidad. Si una amenaza coincide con fallas logísticas, importará la independencia real del respaldo. También puede haber una mejora sostenida mediante cooperación, investigación y protección. Esa trayectoria exige revisar medidas extraordinarias y recuperar actividades cuando la evidencia lo permita. Anticipar no significa apostar siempre por el peor desenlace. Cooperar es poder responder No partimos de cero. La Comunidad Andina informó el 21 de septiembre avances hacia una segunda fase de su plan contra la delincuencia organizada transnacional. La Cancillería chilena describe el Escudo de las Américas como coordinación voluntaria sujeta a obligaciones jurídicas. Esos mecanismos y el apoyo externo deben traducirse en capacidad local, no confundirse con protección ya conseguida. Fuerzas Armadas, policías, fiscalías y autoridades civiles deben coordinar conforme a sus competencias. Compartir inteligencia exige canales autorizados y protección de fuentes. Las empresas pueden aportar reportes lícitos y necesidades de continuidad, sin acceder a información clasificada: necesitan saber a quién avisar, qué comunicar y cómo confirmar la atención. Los gremios pueden facilitar protocolos y ejercicios. Comunidades y sociedad civil aportan conocimiento territorial, prevención y control ciudadano, con participación segura y voluntaria. Cooperar no significa convertir a trabajadores o habitantes en informantes expuestos ni compartir indiscriminadamente datos personales. La próxima decisión sí nos corresponde Volvamos al distribuidor. Su aporte no será perseguir a la red criminal, sino evitar que una amenaza externa lo encuentre con una alternativa inexistente y personas desprotegidas. En el próximo comité de riesgos, elijamos un servicio expuesto. Comprobemos con su responsable y sus terceros qué podría interrumpirlo, qué alternativa existe y quién recibirá una alerta dentro y fuera de la organización. Acordemos una decisión, recursos y fecha de revisión. Después, probemos la coordinación sin poner a nadie en peligro.

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