Diario Revelación solicitó información sobre los vínculos laborales de Yaritza Quispe Canaza con el Gobierno Regional de Arequipa, pero la entidad negó que haya trabajado para su sede central. Sin embargo, existen órdenes de servicio emitidas a su nombre y antecedentes de un desplazamiento desde Geresa, cuya contratación fue cuestionada administrativamente.
La transparencia del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) vuelve a generar interrogantes. En respuesta a una solicitud de Diario Revelación, la institución aseguró que Yaritza Katherine Quispe Canaza nunca mantuvo vínculo laboral con su sede central. Sin embargo, una relación de órdenes de servicio revela sucesivas contrataciones a su nombre durante la gestión de Rohel Sánchez, adicionales a sus vínculos laborales en la Gerencia Regional de Salud (Geresa) y ahora en la Autoridad Autónoma de Majes (AUTODEMA).
El caso cobra relevancia porque Quispe Canaza, vinculada al entorno de Luz Marina Zeballos Patrón, esposa del gobernador, fue contratada anteriormente por Geresa bajo procedimientos que posteriormente recibieron observaciones legales.
CUESTIONAMIENTO
Mediante el Oficio N.º 1930-2026-GRA/SG, del 19 de octubre, el Gobierno Regional respondió a la solicitud de transparencia presentada por este medio. El documento adjunta el Informe N.º 3265-2026-GRA-ORA/OGRH, donde Recursos Humanos asegura que Quispe Canaza «no tiene ni ha tenido vínculo laboral con la Sede Central del Gobierno Regional».
Asimismo, el Informe N.º 0558-2026-GRA/OGRH/R señala que no figura en planillas, boletas de pago ni en el aplicativo AIRHSP, y reconoce que no dispone de información sobre contratos laborales, asistencias o documentos de renuncia de 2025 y 2026.
Sin embargo, la ausencia de registros en planillas no descarta contrataciones mediante órdenes de servicio, modalidad distinta de la relación laboral. Aunque la respuesta oficial no es necesariamente falsa, corresponde esclarecer si atendió íntegramente el pedido y si debió consultar a otras dependencias.
CONTRATACIONES EN LA SEDE CENTRAL
Una relación de órdenes de servicio revisada por Diario Revelación registra diez contrataciones a nombre de Quispe Canaza entre 2024 y 2026, durante la gestión de Rohel Sánchez, por S/ 84 mil en valores inicialmente consignados.
En 2024 figuran cinco órdenes por S/ 43 mil, principalmente para actividades de atención al adulto mayor y programas sociales. En 2025 aparecen tres por S/ 29 mil, mientras que en 2026 se registran otras dos vinculadas a gestión del riesgo de desastres.
Una de las órdenes de 2026, por S/ 4 mil, quedó sin efecto tras el desistimiento de la trabajadora. Por tanto, no corresponde considerarla como un servicio ejecutado. Excluyéndola, las otras nueve órdenes suman S/ 80 mil en montos registrados, sin que ello acredite que todos fueron pagados.
ANTECEDENTES EN GERESA
En junio de 2026, Geresa renovó la contratación de Quispe Canaza para atender la emergencia sanitaria por sarampión, pero al día siguiente autorizó su desplazamiento a la sede central del GRA, pese a que la justificación inicial respondía a necesidades sanitarias.
Posteriormente, mediante el Informe Legal N.º 77-2026-GRA/GRS/GR-OAL, del 3 de agosto, Asesoría Legal recomendó anular las resoluciones administrativas N.º 238-2026 y N.º 239-2026 por deficiencias en su sustento. Este desplazamiento contrasta con la falta de registros laborales reportada por la sede central.
Pese a estos antecedentes, Quispe Canaza obtuvo un contrato en AUTODEMA como auxiliar de campo, por S/ 3,900 mensuales, desde el 1 de octubre hasta el 30 de noviembre de 2026. Su solicitud laboral fue recibida el mismo día en que comenzó la vigencia contractual.
DESCARGOS
En los descargos remitidos tras la primera investigación, Yaritza Quispe Canaza rechazó cualquier intervención política en sus contrataciones. «Rechazo y desmiento categóricamente que la señora Luz Marina Zeballos Patrón, o cualquier persona de su entorno, haya tenido injerencia, recomendación o participación alguna en mis contrataciones», sostuvo.
También aseguró que su incorporación a AUTODEMA respondió a un procedimiento regular y a una necesidad institucional urgente. Sin embargo, sus explicaciones no esclarecen qué evaluación se realizó, cómo se verificó el cumplimiento de los requisitos ni qué documentos sustentaron esa urgencia. Tampoco adjuntó documentación que permita contrastar sus afirmaciones con los procedimientos administrativos.
Respecto a la orden de servicio de septiembre, que quedó sin efecto por desistimiento, afirmó: «No he percibido ni un solo sol (S/ 0.00) por dicha orden». No obstante, sus descargos tampoco explican el conjunto de sus contrataciones con la sede central ni las observaciones administrativas formuladas anteriormente en Geresa.
Aunque Quispe Canaza defiende la legalidad de sus contrataciones, su respuesta no despeja los principales cuestionamientos documentales planteados por esta investigación. La regularidad de los procedimientos deberá ser acreditada por las entidades responsables.
El Gobierno Regional debe esclarecer los servicios prestados por Quispe Canaza, los pagos efectuados y la documentación que respalda su desplazamiento desde Geresa hacia la sede central. Asimismo, corresponde determinar si se ejecutó la recomendación de nulidad y si AUTODEMA cumplió los procedimientos de contratación.















