El saliente presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, ha encendido el debate jurídico al afirmar que los jueces pueden inaplicar la Ley 32181, que eliminó la detención preliminar en ausencia de flagrancia, si la consideran inconstitucional. Con esta facultad, los magistrados buscan garantizar que las leyes respeten los derechos fundamentales.
Arévalo reconoció los abusos en la aplicación de la detención preliminar, pero también admitió que su derogación puede dificultar la persecución de delitos graves. Desde el Ministerio Público, Víctor Cubas advirtió que la norma representa un retroceso en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, pues deja a las autoridades sin herramientas clave.
El Código Procesal Penal permitía esta medida en casos de riesgo de fuga o cuando existían indicios de delitos graves, como el feminicidio o la corrupción. Ahora, la eliminación de la detención preliminar pone en jaque procesos críticos, como el caso de Gerson Juárez, feminicida confeso, cuyo arresto podría carecer de sustento legal, según denunció Cubas.
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Arévalo también rechazó las propuestas de pena de muerte impulsadas tras este caso, y las calificó de «medidas retrógradas» y “populistas”. Según el magistrado, el sistema de justicia debe enfocarse en reformas técnicas con recursos adecuados, en lugar de propuestas que distraen y polarizan a la ciudadanía.
Durante la ceremonia de transferencia tecnológica en el Palacio de Justicia, Arévalo reiteró la necesidad de modernizar la justicia con inversiones responsables. La reciente adquisición de equipos por más de S/ 10 millones busca mejorar la digitalización de los procesos judiciales en todo el país.
Janet Tello reemplazará al magistrado en enero de 2025 y se convertirá en la segunda mujer en liderar el Poder Judicial. Su mandato enfrentará retos cruciales, incluyendo la aplicación de esta controvertida ley y el fortalecimiento de la independencia judicial.
