El retiro masivo de 1.456 integrantes de la Policía Nacional sacudió este lunes a la institución. La decisión, presentada por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, apunta a cortar de raíz prácticas irregulares y sancionar a efectivos involucrados en faltas graves y corrupción. Con nuevas reglas disciplinarias, el uso del polígrafo y una oficina especializada en integridad, el Gobierno busca frenar un deterioro que arrastra años y que mina la confianza ciudadana.
La medida alcanza a oficiales y subalternos por igual y se sustenta en un informe de la Inspectoría General, que este año impuso más de cuatro mil sanciones. De ese universo, 1.456 casos derivaron directamente en retiros, una cifra que revela la profundidad de las faltas y el carácter sistémico de las irregularidades. Para el Ejecutivo, la depuración no es solo disciplinaria: es también un mensaje político que intenta marcar distancia frente a décadas de tolerancia interna.
El ministro Tiburcio explicó que la reforma disciplinaria aprobada en noviembre endurece castigos para faltas muy graves, desde corrupción hasta filtración de información o aprovechamiento del cargo. Este nuevo reglamento también agiliza procedimientos y establece criterios más precisos para evaluar a cada policía. Aquellos que obtengan una calificación menor a 52 entrarán en disponibilidad y podrían ser retirados si no corrigen su desempeño. La apuesta, según el Gobierno, es instaurar un estándar mínimo de integridad.
Entre las novedades más llamativas destaca el uso del polígrafo, herramienta que se aplicará tanto a agentes en servicio como a postulantes. Con ello, el Ministerio del Interior pretende identificar riesgos antes de que echen raíces dentro de la institución. También se reorganizan oficinas de disciplina a escala nacional y se crea una Oficina Especial de Procedimiento Sumarísimo para agilizar expedientes en Lima, un cuello de botella que históricamente ralentizó sanciones y permitió que muchas faltas quedaran impunes.
El trasfondo de esta ofensiva disciplinaria es la crisis de confianza que arrastra la PNP. Casos de violencia, delitos cometidos por efectivos y redes de corrupción erosionaron la percepción ciudadana y complicaron la lucha contra la inseguridad. Tiburcio afirmó que “no se protege a nadie ni se retrocede”, mientras el comandante general Óscar Arriola respaldó la depuración. De forma paralela, el Ministerio del Interior evalúa mantener el estado de emergencia en la frontera sur, donde la PNP opera junto a las Fuerzas Armadas y otras entidades en un intento por recuperar el control de la zona.
