Si bien es cierto la labor del Comité de Damas Voluntarias del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) resulta importante para el apoyo a actividades sociales y de ayuda social, también es correcto fiscalizar su trabajo y la forma en que se realiza. Como lo señala el especialista en Derecho Municipal, Jorge Sumari, esta organización no es oficial, propiamente dicho, sino decorativa y de acompañamiento.
Y como Luz Marina Zeballos lo dijo alguna vez: son voluntarias y altruistas en las acciones que realizan. Esto significa que no deberían representarle mayores problemas a la gestión regional de Rohel Sánchez.
Sin embargo, desde el 2023 solo dan problemas; sobre todo por el uso político que Luz Marina Zeballos le ha dado con miras a su aún posible postulación a las elecciones generales y regionales del 2026.
Conocido era que Luz Marina Zeballos recibía apoyo desmedido de la gestión regional para su propósitos, pero el descubrimiento de que los arequipeños debemos ponerle una movilidad exclusiva para sus «gestiones» ya es el colmo.
No es mezquindad, sino igualdad y justicia. El gobernador gana más de 14 mil soles y la señora Luz Marina Zeballos debe tener sus propios ingresos. Así que el hecho de que no pueda pagar 10 soles para trasladarse desde su casa hasta las instalaciones de Rico Pollo para gestionar juguetes, como dicen desde la región, es el colmo de la desfachatez.
Más aún cuando el vehículo que se le asigna no tiene siquiera logos del gobierno regional. ¿Cuántas veces habrá ocurrido lo mismo? Aunque en esta ocasión la señora fue recogida y dejada en la puerta de su casa, ¿podemos estar seguros de que siempre ocurre lo mismo?
La actividad altruista y voluntaria del Comité de Damas del GRA debería tratar de depender lo mínimo posible de los recursos públicos y más bien hacer gestión con su propio bolsillo. Más aún cuando es evidente que Luz Marina Zeballos utiliza esta organización con fines políticos y proselitistas. Pues ha estado en campaña constante los últimos 3 años.
Las excusas y comunicados del gerente general del GRA, Berly Gonzales, y del gerente de Desarrollo e Inclusión Social no convencen. Lo conveniente es que el Consejo Regional investigue y sanciones, de ser el caso, a los funcionarios que permiten que la esposa del gobernador cuente con movilidad propia pagada del bolsillo de los arequipeños.
