El Ministerio Público cerró sus alegatos en el juicio oral contra Martín Vizcarra ratificando su pedido de 15 años de prisión y exigiendo que, de recibir condena, esta se ejecute de inmediato. El fiscal Germán Juárez Atoche afirmó que el exmandatario obtuvo S/2,3 millones en sobornos de Obrainsa e ICCGSA. Todo a cambio de direccionar las obras de Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua. La Fiscalía sostiene que el proceso reúne pruebas suficientes para un fallo ejemplar.
Con el cierre de los alegatos del Ministerio Público, el caso avanzó hacia una etapa decisiva. Juárez Atoche defendió que la ejecución inmediata de la eventual condena busca evitar fugas, recordando antecedentes de investigados que obtuvieron asilo en el extranjero. En paralelo, la Procuraduría Pública reclamó una reparación civil superior a S/4,6 millones por los perjuicios causados al Estado en los proyectos cuestionados.
La exposición fiscal puso énfasis en cómo, según su tesis, Vizcarra habría entregado información privilegiada a Obrainsa. El fin era asegurar la licitación de Lomas de Ilo, además de recibir pagos por el Hospital de Moquegua. Para sustentar su acusación, presentó testimonios, registros de llamadas, documentos de licitación y comprobantes financieros que, afirma, desvirtúan la presunción de inocencia. El Ministerio Público pidió al tribunal que envíe un mensaje claro contra la corrupción en altos niveles del poder.
Desde la Procuraduría, el procurador Carlos Fernández aseguró que la defensa de Vizcarra “ha sido derrotada” y defendió el pedido de S/4,6 millones en reparación civil. Detalló los montos asignados a cada obra y remarcó que, a su criterio, existe un patrón de direccionamiento en los contratos gestionados por el Gobierno Regional de Moquegua. La parte civil insistió en que el caso amerita una sanción proporcional al daño ocasionado.
Al término de la audiencia, Vizcarra rechazó cualquier insinuación sobre una eventual fuga o intención de solicitar asilo diplomático. Afirmó que acudirá a la lectura de sentencia y que ha demostrado colaboración permanente con la justicia. Su defensa criticó duramente a la Procuraduría, calificando su intervención como poco profesional, lo que evidenció la tensión creciente entre ambas partes mientras el juicio se acerca a su desenlace.
