Jarana Crítica: El refugio de Betssy


El Gobierno del Perú anunció este lunes 3 de noviembre la ruptura de relaciones diplomáticas con México, luego de que el país norteamericano concediera asilo a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, quien fue una de las figuras más cercanas al expresidente Pedro Castillo.

“El Gobierno peruano ha decidido romper relaciones diplomáticas con México”, declaró el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, en una conferencia de prensa. Según precisó, la decisión responde a lo que calificó como una “versión tendenciosa e ideologizada” difundida por el gobierno mexicano respecto al fallido golpe de Estado de diciembre de 2022.

De Zela añadió que “la presidenta de México ha tenido expresiones inaceptables y falsas al afirmar que Pedro Castillo y su cómplice Betssy Chávez son perseguidos políticos. Eso es falso. Se trata de un proceso judicial, no de persecución política”.

A través de un comunicado, la Cancillería peruana informó que la embajada de México en Lima confirmó la concesión del asilo diplomático a Chávez. “Este hecho evidencia la profunda falta de interés del Gobierno de México por mantener una relación con el Perú”, subrayó el documento.

Chávez permaneció en prisión preventiva desde junio de 2023, pero fue liberada en septiembre último para enfrentar en libertad las acusaciones por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. Según su abogado, Raúl Noblecilla, se desconocía su paradero desde hacía varios días.

Tensión Diplomática

La tensión entre ambos países no es nueva. Desde el mandato de Andrés Manuel López Obrador, México respaldó abiertamente a Castillo incluso después de su intento de disolver el Congreso, lo que llevó al Parlamento peruano a declararlo persona non grata en 2023.

Finalmente, la Cancillería peruana sostuvo que la “inaceptable posición asumida por México desde diciembre de 2022 se mantuvo inalterable”, pese a reiterados llamados al respeto de la soberanía nacional. La Presidencia de la República respaldó la decisión, señalando que esta medida responde a la “intervención reiterada” del gobierno mexicano en los asuntos internos del Perú.

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