El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) denunciaron una nueva ofensiva judicial contra periodistas del diario La Prensa Regional, luego de que la Fiscalía de Moquegua reabriera una investigación por los presuntos delitos de falsedad genérica y denuncia calumniosa en agravio del Gobierno Regional. Ambos gremios calificaron la decisión como una forma de persecución judicial y un grave atentado contra la libertad de prensa.
A través de su cuenta oficial en la red X, el Consejo de la Prensa advirtió que la reapertura de un caso archivado en 2024 constituye un precedente peligroso para el ejercicio periodístico. “Se trata de un preocupante caso de hostigamiento contra medios que investigan la corrupción. Reabrir un proceso cerrado sin nuevos elementos vulnera los principios básicos del debido proceso”, expresó la institución.
El CPP exhortó además al Ministerio Público a evitar el uso político del sistema fiscal como mecanismo de presión o censura indirecta. En su pronunciamiento, recordó que la libertad de prensa es un pilar esencial en la vigilancia del poder y la defensa del interés público, y que la criminalización del periodismo investigativo debilita la institucionalidad democrática.
En la misma línea, la ANP emitió un comunicado calificando el caso como parte de un “patrón de persecución” contra periodistas incómodos de las autoridades regionales. La organización subrayó que el proceso se originó en una denuncia anónima presentada por la Procuraduría del Gobierno Regional de Moquegua y que, pese a haber sido archivado en junio de 2024, fue reabierto por decisión de la Primera Fiscalía Superior Penal de Mariscal Nieto.
Según el documento fiscal, la disposición fue firmada bajo la presidencia del fiscal superior Juan José Machicao Tejada, quien ordenó continuar las diligencias por los mismos presuntos delitos. No obstante, de acuerdo con la ANP, el reportaje cuestionado se sustentaba en expedientes de contratación pública que incluso derivaron en acciones de control de la Contraloría contra funcionarios del propio Gobierno Regional de Moquegua.
La nueva resolución fiscal atribuye la representación legal del diario a un periodista que no forma parte de su estructura societaria. La Prensa Regional presentó documentos legales actualizados que desmienten esta designación, advirtiendo que se trata de un intento de manipular la personería jurídica del medio para debilitar su defensa.
Ante las crecientes denuncias, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC-MP) ha solicitado información sobre las actuaciones fiscales vinculadas al caso, en el marco de sus competencias de control disciplinario. Esta intervención busca determinar si hubo irregularidades en la decisión de reabrir un expediente ya archivado. Tanto la ANP como el CPP alertaron que este tipo de acciones envía un mensaje intimidatorio a los medios de comunicación en general. En un contexto donde el periodismo de investigación cumple un rol clave en la exposición de redes de corrupción, insistieron en que el Estado debe garantizar un entorno seguro y libre de presiones para quienes ejercen el derecho a informar. “La prensa no puede ser castigada por revelar lo que el poder intenta ocultar”, concluyó la ANP.
