La designación de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación interino reavivó la polémica en el Ministerio Público. El magistrado no ocultó su intención de apartar a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, figuras centrales en las investigaciones del caso Lava Jato. Menos de un mes atrás, había declarado públicamente que, de llegar a ocupar el máximo cargo en la Fiscalía, los expulsaría “en el acto”. Sus cuestionamientos contra ambos se centran en el acuerdo con Odebrecht, al que responsabiliza de haber facilitado la salida de millones de soles del país.
En una entrevista con Nicolás Lúcar, Gálvez arremetió contra los fiscales del Equipo Especial, acusándolos de “encubrir” a la constructora brasileña. “Ni un minuto estarían esos señores ahí”, dijo, al tiempo que sostuvo que su trabajo benefició directamente a Odebrecht. Para él, la falta de incautaciones millonarias y las cláusulas del acuerdo de colaboración son muestra de una conducta intencional que favoreció a la empresa.
El fiscal supremo recordó además que en 2020 interpuso una denuncia contra Vela y Pérez por presuntos delitos de falsedad ideológica, peculado y encubrimiento. Según su versión, la devolución de S/ 524 millones a Odebrecht por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla fue una operación irregular que terminó consolidando ventajas indebidas para la compañía.
La trayectoria de Gálvez, sin embargo, está lejos de ser ajena a cuestionamientos. Desde 2018 enfrenta investigaciones por presuntos vínculos con la red criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Audios difundidos lo relacionan con César Hinostroza y otros personajes clave, mientras una denuncia constitucional en el Congreso lo señala por delitos como tráfico de influencias y cohecho. Aunque ha defendido su inocencia, versiones de aspirantes a colaboradores eficaces lo acusan de intentar dilatar las pesquisas.
En el terreno administrativo y judicial, su historial también registra episodios polémicos. En 2016, una pericia grafotécnica puso en duda la autenticidad de sus declaraciones juradas. En 2019, el Poder Judicial dictó en su contra un impedimento de salida del país por ocho meses, medida que fue anulada y restablecida poco después. A ello se suman procesos disciplinarios vinculados a investigaciones contra otros fiscales, como José Domingo Pérez. Su llegada al despacho de la Fiscalía de la Nación, por tanto, abre un nuevo capítulo en medio de tensiones internas y acusaciones que aún lo persiguen.
