Los números no calzan con la realidad. A mitad de año, más de la mitad del presupuesto destinado por la gestión del gobernador Rohel Sánchez para obras ya se había gastado, pero muchos proyectos siguen inconclusos o avanzan a paso lento. Sucede que la Contraloría General de la República emitió un informe en el que advierte serias irregularidades en la ejecución presupuestal de inversión, correspondiente al periodo del 1 de enero al 4 de agosto de 2025.
El Informe de Orientación de Oficio N.° 8243-2025-CG/PREVI-SOO, elaborado por la Subgerencia de Prevención e Integridad, precisa que cinco proyectos de inversión programados para culminar en el primer semestre continúan en ejecución, pese a que ya vencieron sus plazos contractuales. La situación genera un retraso en el cierre de brechas sociales y limita el acceso de la población a servicios básicos.
Uno de los casos más preocupantes corresponde al proyecto de mejoramiento y ampliación del servicio integral de agua potable y alcantarillado sanitario en el centro poblado Bello Horizonte B1, Majes. Pese a estar programado para concluir en 2023, a la fecha solo presenta avances financieros mínimos y nulos a nivel de trabajos físicos. Esto retrasa la entrega de agua segura y saneamiento a cientos de familias.
Desbalance
Otro proyecto crítico es el mejoramiento del servicio de provisión de agua para riego en los anexos de Cochapampa, Mungui, Lancaroya y Huarhua, Pampamarca, provincia de La Unión. Aunque registra un avance financiero del 21,8 %, el avance físico es de apenas 0,48 %. En la práctica, los agricultores siguen sin acceder al riego prometido, pese a que los desembolsos ya se realizaron.
En el ámbito educativo, la Contraloría identificó retrasos en el proyecto de mejoramiento y ampliación del servicio de educación inicial en la I.E. Niño Jesús de Praga, Cocachacra. Este caso revela un avance financiero del 11,5 %, pero un avance físico de apenas 0,43 %, lo que significa que, aunque se gastó parte del presupuesto, la infraestructura educativa continúa inconclusa y los estudiantes aún no se benefician de ella.
También figura el mejoramiento del servicio educativo en el CETPRO Juan Manuel Polar, Jacobo Hunter. Este proyecto evidencia un desfase aún más marcado: un avance financiero del 5,3 %, pero un progreso físico real de sólo 0,44 %. La brecha amenaza con dejar a jóvenes y adultos sin acceso a formación técnica adecuada en los plazos previstos.
La situación se repite en la creación de servicios de educación inicial en la I.E.I. Buena Vista, Paucarpata, cuya ejecución estaba prevista desde el año 2021. Si bien el avance financiero llega al 68,1 %, el avance físico no supera el 4,26 %, reflejando que gran parte del dinero ya se utilizó, pero las aulas y ambientes educativos no están terminados.
Efectos en las obras
De acuerdo con la Contraloría, estas diferencias entre el avance financiero y físico no son un simple problema de papeleo, sino que pueden derivar en ampliaciones de plazos, saldos presupuestales sin ejecutar o paralizaciones definitivas de las obras. Todo ello impacta directamente en la población, que ve postergada la mejora de sus condiciones de vida.
El informe también cuestiona la falta de actualización de información en los sistemas oficiales de seguimiento, lo que impide verificar con exactitud el estado de cada proyecto. Esta ausencia de registros reduce la transparencia en la gestión regional y limita la capacidad del Estado para fiscalizar el uso eficiente de los recursos.
El documento también resalta que el incumplimiento compromete los compromisos asumidos por el país en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), relacionados con agua y saneamiento, educación de calidad, y reducción de desigualdades. Cada retraso representa obras inconclusas y metas institucionales incumplidas.
El ente de control enfatiza que el gobernador Sánchez y sus funcionarios tienen la obligación de garantizar una ejecución eficiente del presupuesto. Por ello, recomendó que en un plazo de cinco días hábiles se comuniquen al Órgano de Control Institucional las medidas correctivas adoptadas, con la documentación que las respalde.
De no tomarse acciones inmediatas, el riesgo es que al cierre del año fiscal 2025 se acumulen saldos no ejecutados, mientras obras esenciales para el desarrollo regional siguen inconclusas. “El presupuesto no utilizado representa una oportunidad perdida para cerrar brechas históricas”, advierte el informe. Finalmente, la unidad contralora concluye que la gestión regional debe abandonar la inercia administrativa y enfocarse en resultados concretos para la ciudadanía.
