La campaña electoral terminó. Se apagaron los parlantes, dejaron de circular las caravanas, los candidatos guardaron por unas horas sus discursos y las calles comenzaron a recuperar su ritmo habitual. Pero detrás de la propaganda, los mítines y las promesas quedó una pregunta que este domingo pesa más que cualquier eslogan: ¿qué clase de autoridades elegirá Arequipa?
Hoy, 1 millón 237 mil 696 electores habilitados de la región acudirán a las urnas para decidir quiénes gobernarán sus municipalidades y el Gobierno Regional durante los próximos cuatro años. Son 618 mil 104 hombres y 619 mil 592 mujeres que tienen en sus manos una decisión que no termina al depositar la cédula.
La campaña que llega a su fin estuvo lejos de ser una competencia limpia de propuestas. A la par de los planes de seguridad, salud, infraestructura y desarrollo económico, aparecieron denuncias, ataques, acusaciones cruzadas, cuestionamientos judiciales y una preocupante opacidad alrededor del dinero utilizado para intentar conquistar el voto.
La millonaria inversión visible en publicidad, movilizaciones, paneles, redes sociales, caravanas y concentraciones contrastó, en algunos casos, con los montos declarados ante la ONPE. El caso de Jenry Huisa Calapuja es uno de los ejemplos que dejó preguntas abiertas: reportó alrededor de S/22 mil de inversión, una cifra que ha sido cuestionada frente al despliegue observado durante la campaña.
Otro caso señalado fue el de Elmer Cáceres Llica, cuya campaña reportó S/18 mil 155. Una investigación periodística identificó, además, a aportantes vinculados comercialmente con entidades públicas, situación que generó cuestionamientos sobre eventuales conflictos de intereses. Corresponderá a los organismos competentes determinar si existieron irregularidades.
La propia información financiera electoral deja un panorama difícil de explicar. De 234 reportes presentados por candidatos en Arequipa, 90 declararon no haber recibido ingresos ni aportes. Cuando la realidad de una campaña parece no coincidir con lo declarado, la transparencia deja de ser un asunto administrativo y se convierte en una pregunta ciudadana: ¿quién paga realmente una campaña electoral?
La guerra sucia también tuvo su espacio. Los ataques personales desplazaron en determinados momentos a las propuestas y las acusaciones circularon con la misma velocidad que los mensajes de campaña. Incluso se denunció una agresión física contra el candidato municipal Yamel Romero luego de un debate en Yanahuara.
Pero quizás el elemento más preocupante sea otro: la posibilidad de que algunos ciudadanos entreguen el poder a candidatos que, aun cuando resulten elegidos, podrían enfrentar posteriormente consecuencias judiciales, investigaciones o procesos que terminen afectando su permanencia en el cargo.
El caso de Cáceres Llica concentra buena parte de esas dudas. El exgobernador registra sentencias por distintos delitos, mientras que una condena de siete años relacionada con el caso de las butacas fue anulada por la Corte Suprema en 2025 y se ordenó un nuevo juicio. También afrontó prisión preventiva en el caso Los Hijos del Cóndor y registra diversas investigaciones fiscales.
Alfredo Zegarra Tejada, otro candidato al Gobierno Regional, arrastra sentencias penales suspendidas y procesos civiles, entre ellos uno que derivó en una reparación civil superior a S/3.8 millones.
En la contienda municipal, Manuel Vera Paredes, alcalde de Cerro Colorado y candidato provincial, fue sentenciado en 2022 a ocho años de prisión por lavado de activos, según la información proporcionada durante la campaña. Su candidatura también estuvo rodeada de denuncias y cuestionamientos.
Y aquí aparece una paradoja que debería preocupar al elector: ganar una elección no significa necesariamente haber obtenido un certificado de idoneidad. La legislación permite que personas cuestionadas puedan postular mientras cumplan las condiciones establecidas. Pero el ciudadano tiene una responsabilidad adicional: revisar sus antecedentes antes de entregarles el poder.
El futuro alcalde o gobernador administrará presupuesto, contratará funcionarios, decidirá obras y tendrá capacidad para orientar millones de soles de recursos públicos. Si llega al cargo con un pasado cuestionado o con procesos pendientes, el problema no será únicamente político. Podría terminar afectando la estabilidad de toda una gestión.
A ello se suma una denuncia especialmente delicada durante esta campaña: el supuesto uso de recursos o estructuras públicas para favorecer candidaturas. Si esas acusaciones se confirman, no se trataría simplemente de una infracción electoral, sino de utilizar bienes y recursos de todos los ciudadanos para beneficio de determinados proyectos políticos.
Después de semanas de discursos, Arequipa llega al día decisivo con una papeleta extensa y demasiadas preguntas. Quince candidatos disputan el Gobierno Regional y veinte buscan la alcaldía provincial. Entre ellos existen trayectorias distintas, propuestas distintas y también historias que merecen ser revisadas antes de marcar una casilla.
Hoy no se elige solamente un nombre. Se decide quién tendrá acceso al presupuesto público, quién nombrará funcionarios y quién administrará los recursos que pertenecen a todos.
La campaña terminó. Ahora comienza la responsabilidad del elector.
Arequipa tiene la última palabra. Y esta vez, más que dejarse llevar por el ruido de las campañas, tendrá que demostrar que sabe escuchar también lo que los candidatos intentaron ocultar.
