El diagnóstico del IPE no debería leerse como una simple estadística. Es una advertencia que alcanza directamente a Arequipa y que las próximas autoridades regionales y municipales no pueden ignorar.
Que ninguna región del país registre un nivel bajo de riesgo de corrupción revela la magnitud de una enfermedad que ya no puede enfrentarse únicamente con discursos, investigaciones posteriores o sanciones cuando el dinero público ya fue comprometido. Los más de S/24 mil millones que anualmente se pierden por corrupción e inconducta funcional representan hospitales que no se construyen, colegios que esperan mantenimiento, carreteras inconclusas y servicios que nunca llegan a quienes los necesitan.
En Arequipa, la alerta adquiere particular importancia. La región conserva fortalezas en eficiencia del gasto y gestión administrativa, pero retrocede hasta un nivel medio-alto de riesgo en desempeño institucional y control de la corrupción. No es un dato menor. Significa que existen dificultades para responder oportunamente ante denuncias, expedientes y posibles actos irregulares.
El problema tampoco se resuelve aumentando únicamente las condenas. Si las entidades públicas continúan permitiendo contrataciones concentradas en un solo postor, fraccionamientos, obras paralizadas y decisiones poco transparentes, la sanción llegará siempre después del perjuicio.
El próximo gobierno regional tendrá, por ello, una responsabilidad que va más allá de inaugurar obras o anunciar grandes inversiones. Deberá demostrar que cada sol gastado puede ser rastreado, explicado y defendido ante la ciudadanía.
Arequipa no necesita más tolerancia frente a las grietas que permiten la corrupción. Necesita controles que funcionen antes de que el dinero desaparezca, funcionarios sometidos a vigilancia permanente y una ciudadanía con información suficiente para fiscalizar.
La verdadera competitividad regional no se mide únicamente por cuánto se gasta o cuántas obras se anuncian. También se mide por cuánto se protege el dinero público. Si el IRIS 2026 deja una lección, es que prevenir la corrupción debe convertirse en una prioridad de gobierno, no en una promesa electoral.
