El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, defendió la decisión de Washington de revocar la visa del juez peruano Juan Carlos Núñez Matos y afirmó que su país debe actuar cuando considera que un magistrado se pone “del lado de la corrupción” y contribuye a debilitar las instituciones.
“Cuando vemos a un juez ponerse del lado de la corrupción y de los narcotraficantes para socavar las instituciones del país, tenemos que actuar para devolver la confianza en el sistema”, sostuvo Navarro en un pronunciamiento difundido este miércoles.
Núñez Matos, titular del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, fue incluido por el Departamento de Estado en las restricciones de visa anunciadas para ciudadanos de Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador. La medida también alcanzó a sus familiares directos. Washington señaló que las restricciones están dirigidas contra personas a las que atribuye acciones de corrupción o narcotráfico que socavarían gobiernos democráticamente elegidos.
El caso peruano está relacionado con una controversia judicial sobre el puerto de Chancay. El 29 de enero de 2026, Núñez Matos declaró fundada una demanda de amparo presentada por Cosco Shipping Ports Chancay Perú contra Ositrán y ordenó al organismo abstenerse de ejercer determinadas facultades de regulación, supervisión, fiscalización y sanción sobre las operaciones del terminal.
Sin embargo, la decisión no quedó firme. La Segunda Sala Constitucional de Lima revocó posteriormente ese fallo y declaró improcedente la demanda, al considerar que el puerto de Chancay es una infraestructura de transporte de uso público y, por ello, está sujeto a las competencias de Ositrán. Cosco presentó posteriormente un recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional.
Washington no ha señalado en su anuncio que el retiro de la visa constituya una sanción judicial peruana ni que exista una condena por corrupción contra el magistrado. Se trata de una decisión migratoria adoptada por el Gobierno estadounidense bajo su legislación.
Navarro vinculó además la medida con las preocupaciones de inversionistas de su país sobre la seguridad jurídica peruana. Según afirmó, empresarios estadounidenses le reclaman leyes claras, instituciones firmes y garantías de respeto al marco democrático y jurídico.
El pronunciamiento ocurre en medio de una disputa aún abierta sobre las facultades de Ositrán en el megapuerto de Chancay y coloca nuevamente el caso judicial en el centro de la relación entre Perú, Estados Unidos y la inversión china.
