La ejecución de la obra de la institución educativa Fernando Belaunde Terry, en el centro poblado San Antonio, Moquegua, quedó bajo observación de la Contraloría por cinco situaciones adversas que podrían comprometer el desarrollo y control de un proyecto cuyo presupuesto supera los S/37 millones.
El hallazgo corresponde al Hito de Control N.° 7, evaluado entre el 10 y 16 de setiembre de 2026 por el Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Moquegua. La obra se ejecuta por administración directa y tenía un plazo inicial de 870 días, ampliado posteriormente en 261 días, con un total de 1131 días calendario.
Modificaciones sin aprobación
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la ejecución de partidas nuevas y mayores metrados sin contar con la resolución que apruebe el Expediente de Modificación Presupuestal N.° 3.
La revisión identificó trabajos no contemplados originalmente, entre ellos mayores metrados en muros de contención, rampas, tarrajeos e instalaciones sanitarias y eléctricas. Según Contraloría, algunas partidas fueron autorizadas verbalmente por el inspector, pese a que las modificaciones deben contar con aprobación del órgano competente y registro previo en los sistemas correspondientes.
El organismo de control advirtió que esta situación afecta la trazabilidad técnica y administrativa de los trabajos ejecutados.
Otro problema corresponde al componente del Plan de Contingencia, valorizado en S/2 millones 580 mil 972.07. Aunque la infraestructura fue entregada mediante un acta del 16 de mayo de 2025 y ya es utilizada por estudiantes, no se cumplió con toda la documentación exigida para su recepción y transferencia.
Además, el acta no fue suscrita por la Comisión de Recepción, Liquidación y Transferencia de Inversiones, sino por el residente, supervisor y representantes de la UGEL. Para Contraloría, esto podría dificultar el cierre administrativo definitivo del componente.
Materiales sin trazabilidad
Las observaciones también alcanzaron al almacén. De las guías de remisión revisadas, 34 correspondientes a 246 metros cúbicos de concreto premezclado no tenían sello ni fecha de recepción.
Asimismo, 14 guías, equivalentes a 98.50 metros cúbicos, fueron emitidas por MASTER CON GS E.I.R.L., empresa cuya razón social no coincide con la del contratista adjudicatario, Ingeniería de Desarrollo J&C S.C.R.L.
A ello se suma que el responsable del almacén no contaba con un cuaderno actualizado para registrar los ingresos y salidas del concreto. En el caso del cemento Portland tipo IP también se detectaron diferencias entre las cantidades consignadas en las guías y los saldos registrados, además de devoluciones que no habían sido descontadas.
Seguridad y contrataciones
El informe también advierte deficiencias en seguridad y salud ocupacional. Los mapas de riesgos, elaborados en enero de 2025, no reflejaban cambios en la distribución de ambientes ni la instalación de un taller de fierrería.
La matriz IPERC tampoco estaba actualizada ni expuesta en un lugar visible para los trabajadores. A esto se suman informes mensuales de seguridad de marzo, abril y mayo de 2026 que permanecían observados, impidiendo la aprobación formal de los correspondientes a los meses posteriores.
Finalmente, Contraloría identificó 50 órdenes de servicio y 27 órdenes de compra emitidas entre abril y agosto de 2026 que no habían sido registradas en el SEACE, pese a que correspondía su publicación.
Ante las cinco situaciones adversas, el órgano de control recomendó a la gobernadora regional Gilia Gutiérrez adoptar medidas preventivas y correctivas en un plazo máximo de cinco días hábiles, contados desde la notificación efectuada el 24 de setiembre.
