Puno enfrenta una crisis hídrica que no puede ser tratada como un problema pasajero ni como una emergencia que comienza y termina con una declaratoria oficial. La reducción de las lluvias, el descenso del nivel del lago Titicaca y el deterioro de las condiciones para la agricultura y la ganadería configuran un escenario que exige decisiones inmediatas y, sobre todo, planificación de largo plazo.
La declaratoria de emergencia para 110 distritos evidencia la magnitud del problema, pero también plantea una pregunta inevitable: ¿qué se hizo antes de llegar a este punto? Durante años se ha hablado de siembra y cosecha de agua, reservorios, qochas, pozos y recuperación de ecosistemas. Sin embargo, las brechas persisten y miles de familias todavía dependen de fuentes vulnerables para acceder al agua.
El dato más preocupante es que la escasez ya afecta el consumo humano. Familias de San Román, Paucarcolla y Azángaro afrontan dificultades para obtener agua potable, mientras en algunas zonas los camiones cisterna se convierten en una solución temporal para una necesidad permanente. Ninguna política pública puede conformarse con atender la emergencia cuando el problema exige garantizar el derecho básico al agua.
También está en juego la economía de miles de familias. La agricultura y la ganadería altoandina dependen directamente de las lluvias y de los pastizales. Una campaña agrícola perdida no representa únicamente menos producción: significa menos ingresos, mayor pobreza y una presión adicional sobre las familias rurales.
La adquisición de perforadoras y la construcción de qochas son medidas necesarias, pero deben ejecutarse con criterios técnicos, transparencia y coordinación entre los tres niveles de gobierno. No basta con anunciar obras; es indispensable asegurar su funcionamiento, mantenimiento y sostenibilidad.
El periodo de lluvias será decisivo. Puno necesita pasar de la reacción a la prevención. El agua no puede seguir administrándose únicamente cuando escasea. La verdadera emergencia sería desperdiciar otra oportunidad para construir una gestión hídrica capaz de proteger a la población, la producción y los ecosistemas del altiplano.
