Los resultados de la auditoría financiera gubernamental practicada a la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (UNJBG) durante el ejercicio 2025 no pueden pasar inadvertidos. Las observaciones encontradas comprometen cifras millonarias y plantean serias interrogantes sobre la forma en que se administraron los recursos públicos de una institución que tiene la responsabilidad de formar a las nuevas generaciones.
No se trata únicamente de documentos que faltan o de deficiencias administrativas que puedan resolverse con trámites pendientes. El informe de la sociedad auditora Galecio Sosa Auditores Consultores S.C. identifica situaciones que requieren explicaciones claras y, sobre todo, una investigación exhaustiva para determinar si existieron responsabilidades administrativas, civiles o penales.
Resulta preocupante que la universidad no haya podido acreditar documentalmente saldos de balance por más de S/259 millones, incluidos más de S/48 millones correspondientes a transferencias financieras. También se reportan gastos sin sustento suficiente en personal, pensiones y bienes y servicios, además de diferencias por más de S/90 millones en la conciliación entre estados financieros y presupuestarios.
A ello se suman deficiencias constructivas detectadas en obras universitarias, por S/54,500, y observaciones contractuales y de consistencia que superan los S/3.7 millones, incluido un presunto sobrecosto no sustentado de más de S/2.6 millones en una obra de la Escuela de Derecho.
Frente a semejantes cifras, no basta con ordenar que se completen expedientes o se subsanen observaciones. La comunidad universitaria y la ciudadanía tienen derecho a saber qué ocurrió, quiénes fueron responsables y por qué los mecanismos de control interno no evitaron estas situaciones.
La Contraloría, el Ministerio Público y las instancias competentes deben evaluar los hallazgos y profundizar las investigaciones que correspondan. Si hubo negligencia, que se sancione; si existieron irregularidades deliberadas, que los responsables respondan ante la justicia; y si todo puede explicarse documentalmente, que se esclarezca.
Los recursos de la UNJBG pertenecen al Estado y, por tanto, a todos los peruanos. No pueden administrarse sin transparencia ni rendición de cuentas. Investigar hasta las últimas consecuencias no significa prejuzgar: significa garantizar que la verdad salga a la luz y que nadie quede protegido por el cargo que ocupa.
