El Gobierno Regional de Puno enfrenta una paradoja crítica en plena emergencia por déficit hídrico: dispone de once perforadoras de pozos para aliviar la escasez de agua, pero los equipos permanecen inactivos mientras las comunidades avanzan lentamente en la identificación de puntos de perforación y en la gestión de autorizaciones ante la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Esta situación evidencia las trabas burocráticas que retrasan la atención de una crisis que golpea duramente al sector agropecuario y a miles de familias campesinas.
John Ccama Lipa, jefe de la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad, informó que las perforadoras fueron adquiridas mediante el Programa Regional de Riego y Drenaje (Prorridre) y están listas para ser trasladadas a las zonas afectadas. Sin embargo, explicó que su uso no puede ser inmediato porque cada perforación requiere un estudio técnico previo para evitar daños a los ecosistemas y garantizar que el agua extraída sea apta y sostenible. Las comunidades, en coordinación con sus municipalidades, deben presentar la solicitud formal ante la ANA, que evalúa el impacto ambiental y otorga los permisos correspondientes.
El funcionario destacó que la declaratoria de emergencia por peligro inminente ante el déficit hídrico, recientemente emitida, agilizará los procedimientos administrativos y permitirá a los gobiernos locales realizar modificaciones presupuestales para ejecutar acciones inmediatas. El Gobierno Regional también gestionará ajustes en sus partidas para brindar asistencia técnica y logística a las municipalidades que identifiquen las zonas más vulnerables, acelerando así los trámites pendientes.
La principal afectación por la escasez de agua se concentra en el sector agropecuario, con pérdidas de cultivos y reducción de pastos naturales que ponen en riesgo la seguridad alimentaria y la economía de las familias rurales. Ccama Lipa remarcó, sin embargo, que las intervenciones con las perforadoras deben ceñirse estrictamente a acciones inmediatas de emergencia y no a la ejecución de nuevos proyectos de riego a largo plazo, lo que limita el alcance de la medida.
Mientras las comunidades aceleran la identificación de los puntos y la ANA desahoga los expedientes, los once equipos permanecen almacenados, generando incertidumbre y descontento entre los afectados. La población exige celeridad y menos burocracia, pues cada día sin agua profundiza la crisis. Las autoridades confían en que, con la declaratoria de emergencia, los permisos se otorgarán en menor tiempo y las perforadoras comenzarán a operar antes de que los daños sean irreversibles.
