La presidenta Keiko Fujimori anunció que el aumento del sueldo mínimo en el Perú se ejecutará en dos tramos: primero una subida de S/100 durante 2026 y luego un incremento adicional de S/70 una vez que pase el fenómeno del Niño, con lo que la remuneración mínima vital llegaría a S/1.300. La mandataria reveló además que el Ministerio de Economía contempla un bono de apoyo directo a las micro y pequeñas empresas para amortiguar el impacto del primer ajuste salarial.
La jefa de Estado hizo estas declaraciones durante una transmisión en vivo, en la que confirmó que la medida ya fue coordinada con el ministro de Economía. Fujimori precisó que el primer tramo, de S/100, se aplicará en algún mes de este año, mientras que el segundo, de S/70, quedará condicionado al término de la emergencia climática. El objetivo es alcanzar los S/1.300 de salario mínimo sin comprometer la estabilidad del tejido productivo.
La presidenta subrayó que la decisión responde a un equilibrio entre el bienestar de los trabajadores y la capacidad de absorción de las empresas de menor tamaño. "Tenemos que hacer siempre un balance y buscar el apoyo para los trabajadores, pero entendiendo también que esto puede afectar a las MYPES", señaló Fujimori en la transmisión. La referencia explícita a la micro y pequeña empresa (MYPE) como factor de ponderación marca el tono con el que el Ejecutivo encarará el debate salarial.
El anuncio presidencial se produce en paralelo a los movimientos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), encabezado por Juan Sheput, quien confirmó que el Ejecutivo convocará este mes al Consejo Nacional del Trabajo (CNT) para abrir el debate formal sobre la actualización de la remuneración mínima vital. Según informó RPP Noticias, la convocatoria al CNT ya está en marcha y el Gobierno aspira a concretarla antes de que termine agosto.
Para mitigar el efecto del aumento de S/100 sobre el sector empresarial más vulnerable, el Ministerio de Economía diseñó un bono de compensación destinado a las micro y pequeñas empresas. La medida busca que el ajuste salarial no derive en una ola de despidos o en el cierre de negocios formales que operan con márgenes estrechos. La iniciativa refleja la tensión estructural que enfrenta cualquier política de incremento salarial en el Perú: un mercado laboral con alta informalidad, donde un alza mal calibrada puede empujar a empleadores a optar por contratos irregulares. El bono funcionaría como un amortiguador temporal mientras el tejido productivo asimila el nuevo piso salarial.
El debate sobre el salario mínimo recién comienza en el CNT, y el Gobierno confía en alcanzar consensos que beneficien tanto a trabajadores como a empleadores. La condicionalidad del segundo tramo al fenómeno El Niño añade un elemento de incertidumbre, pues dependerá de la evolución climática y sus efectos en la economía nacional.
