Una denuncia contra el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, fue presentada por el presunto manejo irregular del Campo Ferial Cerro Juli, luego del convenio suscrito para otorgar el uso del predio durante la realización de Perumin, fue presnetada por el consejero regional, César Huamantuma,
El cuestionamiento se centra en el mecanismo utilizado para entregar el bien y en el monto económico que habría sido establecido para su utilización. Según las declaraciones, se habría fijado un pago de aproximadamente tres millones de soles por año, pero no existiría claridad sobre la existencia de una tasación que sustente dicha cifra.
Según señaló el legislador, el Campo Ferial Cerro Juli es un bien del Estado y, por ello, su administración debe sujetarse a procedimientos previamente establecidos. Advirtieron que un convenio no sería el instrumento adecuado para entregar un inmueble estatal a una entidad privada, debido a que existen modalidades como el arrendamiento, la concesión en uso y otros mecanismos regulados.
También cuestionó que el Consejo Regional no haya participado en la decisión, pese a que, según señalaron, corresponde otorgar el visto bueno para determinados actos relacionados con bienes de propiedad regional.
La controversia adquiere mayor relevancia porque el acuerdo comprometería el uso del predio durante varios años, mientras el actual gobernador concluirá su gestión en aproximadamente cuatro meses. El denunciante considera que no corresponde comprometer la administración del inmueble por un periodo superior al mandato de la actual gestión sin cumplir rigurosamente con las normas.
Asimismo, recordó que previamente el Consejo Regional elaboró un informe sobre el manejo del Campo Ferial, en el que se habrían advertido restricciones para entregar el inmueble mediante convenios. Sin embargo, aseguran que las recomendaciones no fueron atendidas.
Huamantuma señaló que la Fiscalía Anticorrupción ya habría iniciado diligencias preliminares sobre el caso y pidieron determinar responsabilidades. Consideran que, por la existencia de especialistas y asesores jurídicos en el Gobierno Regional, no podría justificarse el desconocimiento de los procedimientos legales.
