El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una nueva orden ejecutiva para intentar limitar la ciudadanía por nacimiento, pese a que el Tribunal Supremo bloqueó en junio una medida similar impulsada por su administración.
La disposición busca restringir el reconocimiento automático de ciudadanía a ciertos niños nacidos en territorio estadounidense. La Casa Blanca sostiene que la reciente decisión judicial permitiría establecer excepciones para casos vinculados al denominado “turismo de maternidad”, hijos de personal diplomático, personas consideradas terroristas extranjeros y nacimientos ocurridos en territorios no incorporados.
La ciudadanía por nacimiento está protegida por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, vigente desde 1868. El Supremo determinó en junio que los niños nacidos en Estados Unidos de padres que se encuentran de manera irregular o temporal en el país están bajo la jurisdicción estadounidense y, por ello, tienen derecho a la ciudadanía.
Trump había anunciado durante su campaña electoral que buscaría modificar esta interpretación constitucional y, al iniciar su segundo mandato, firmó una primera orden ejecutiva para restringir este derecho. La medida generó una disputa legal que terminó con su bloqueo por parte del máximo tribunal.
Según estimaciones difundidas durante el proceso judicial, la restricción planteada inicialmente podría haber afectado a unos 255 mil niños cada año. La administración republicana argumenta que la Decimocuarta Enmienda fue interpretada de manera incorrecta y sostiene que su propósito original estaba relacionado con garantizar derechos a los antiguos esclavos tras la Guerra Civil.
El mandatario estadounidense afirmó que la nueva acción busca combatir el llamado “turismo de maternidad”, práctica mediante la cual algunas mujeres viajan al país durante el embarazo con el objetivo de que sus hijos nazcan con ciudadanía estadounidense.
La nueva orden abre nuevamente un escenario de controversia legal, debido a que organizaciones defensoras de derechos civiles y especialistas constitucionales cuestionan que el Ejecutivo pueda modificar mediante una orden presidencial un derecho establecido en la Constitución.
