ENFOQUE REAL
Mg. Melva Atoche Francia (Candidata a Doctora en Gobernabilidad)
La asunción de Keiko Fujimori el pasado 28 de julio marca el inicio de una etapa política inédita en el Perú contemporáneo. Tras años de inestabilidad y confrontación, la nueva mandataria no solo enfrenta la urgencia de restaurar la confianza ciudadana, sino también el reto de inaugurar la arquitectura del recién reinstaurado Congreso bicameral. En este escenario, el equilibrio de poderes deja de ser una abstracción constitucional para convertirse en la prueba definitiva de su capacidad de gobernabilidad.
La correlación de fuerzas en el nuevo Parlamento expone un dilema estratégico claro. Fuerza Popular ha asegurado una hegemonía cómoda en el Senado, lo que le otorga un contrapeso clave para la ratificación de altos funcionarios, la revisión legislativa y la contención de eventuales procesos de acusación constitucional. Sin embargo, la historia en la Cámara de Diputados es sensiblemente distinta: allí el oficialismo es minoría y debe convivir con un abanico fragmentado de bancadas de oposición y centro.
Esta asimetría parlamentaria plantea una disyuntiva de fondo sobre el estilo de gestión del Ejecutivo. Por un lado, existe la tentación recurrente de acudir a la delegación de facultades legislativas como una «vía rápida» para decretar reformas en materia económica y de seguridad ciudadana, soslayando el debate público. Recurrir de manera sistemática a este mecanismo extraordinario permitiría al Gobierno avanzar a paso firme en el corto plazo, pero a costa de desgastar prematuramente la legitimidad de sus medidas y alimentar la percepción de un estilo autoritario.
Por otro lado, el diseño bicameral está pensado precisamente para forzar la negociación. La Cámara de Diputados actuará como el primer filtro del descontento político y la representación regional. Si el Ejecutivo pretende garantizar gobernabilidad duradera, estará obligado a abandonar la lógica del enfrentamiento que caracterizó los últimos tres quinquenios y construir consensos reales con bancadas aliadas e independientes. La aprobación del Presupuesto General de la República y de las reformas estructurales no podrá ser un dictado unilateral, sino el resultado de transacciones políticas transparentes.
El éxito del mandato fujimorista dependerá en gran medida de esta lectura institucional. Gobernar con el respaldo del Senado pero con la fragilidad de la Cámara Baja exige madurez política y temple pragmático. El Perú no resiste otro ciclo de parálisis o choque de poderes; la ciudadanía exige resultados concretos y predictibilidad. Si la administración opta por el puente del diálogo parlamentario en lugar del atajo del decreto, podrá sentar las bases de una estabilidad institucional que el país lleva más de una década buscando.
