La Contraloría General de la República advirtió, antes de las elecciones del 12 de abril de 2026, una serie de irregularidades en la contratación de la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C., encargada del transporte de material electoral por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Pese a estas alertas, la empresa fue contratada, lo que hoy genera cuestionamientos sobre la toma de decisiones en un proceso clave.
Entre los principales hallazgos, se identificó que la empresa no contaba con una flota propia suficiente para cumplir con el servicio a nivel nacional. Además, se detectó la subcontratación de unidades que no cumplían con los requisitos establecidos, incluyendo vehículos fuera de los estándares exigidos.
Otro punto crítico fue el incumplimiento de los términos de referencia. La empresa debía acreditar al menos 40 unidades de transporte, pero días antes de la elección solicitó 400 camiones a través de LinkedIn, evidenciando limitaciones operativas.
Durante la jornada electoral, se reportaron múltiples incidentes: un camión municipal transportando material, retrasos de hasta 26 horas, unidades que retornaron sin entregar el material por falta de recepción en locales, además de fallas en el embalaje y asignación de equipos.
Pese a contar con tres penalidades previas entre 2020 y 2023 por más de S/ 64 mil, la ONPE adjudicó a la empresa un contrato superior a S/ 6,3 millones. Estas deficiencias derivaron en que 211 mesas no se instalaran, afectando a más de 63 mil electores.
El caso motivó la intervención de la Dirección Contra la Corrupción y del Ministerio Público, mientras la ONPE anunció acciones legales contra la empresa. La situación evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de control y contratación en procesos electorales para evitar riesgos previamente advertidos.
