Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se encuentra en el centro de la polémica luego de que se revelara que contrató a la empresa Servicios Generales Galaga para el traslado de material electoral, pese a que esta registraba antecedentes de incumplimientos y sanciones económicas. El hecho ha generado serios cuestionamientos sobre los criterios utilizados en la contratación de un servicio fundamental para el desarrollo de las elecciones.
De acuerdo con información oficial, la empresa acumula penalidades por más de 64 mil soles impuestas por la propia ONPE en años anteriores. A pesar de ello, continuó siendo elegida para encargarse del despliegue de material electoral en Lima Metropolitana y el Callao, una responsabilidad clave para garantizar el correcto desarrollo del proceso electoral.
Las consecuencias de esta decisión se evidenciaron durante la jornada electoral, cuando se registraron retrasos en la distribución del material, afectando la instalación oportuna de mesas de sufragio. Ante esta situación, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a solicitud de la ONPE, dispuso ampliar el horario para la instalación de mesas hasta las 2 p.m. y el cierre de los locales de votación hasta las 6 p.m. a nivel nacional.
En un comunicado oficial, la ONPE anunció que iniciará acciones legales y penales contra Servicios Generales Galaga por incumplir con la entrega oportuna del material electoral, equipos informáticos e implementos necesarios para el simulacro y el sufragio. La entidad precisó que el retraso afectó tanto a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) del interior del país como a diversos locales de votación en Lima y Callao.
Registros del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) revelan que la empresa ya había mantenido vínculos contractuales con la ONPE. Entre 2022 y 2023 obtuvo al menos tres órdenes de servicio por más de 66 mil soles, mientras que entre 2020 y 2023 logró cuatro adjudicaciones que suman aproximadamente 4,9 millones de soles.
Durante ese mismo periodo, la ONPE le impuso tres penalidades. La más significativa, en julio de 2020, ascendió a S/ 55.900 por incumplimientos en el despliegue y repliegue de material electoral en las Elecciones Congresales. Otras sanciones menores se registraron en 2023 por fallas en procesos complementarios.
Desde 2018, Servicios Generales Galaga ha acumulado contratos con el Estado por cerca de 30,7 millones de soles, incluyendo servicios prestados a diversas entidades públicas. La empresa, con sede en San Juan de Lurigancho, cuenta con un número reducido de trabajadores y prestadores de servicio, lo que ha generado dudas sobre su capacidad operativa. Incluso, hasta una semana antes de los comicios, buscaba nuevos vehículos a través de LinkedIn.
El caso ha escalado al ámbito judicial. Personal de la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR) y del Ministerio Público inspeccionaron tanto la sede central de la ONPE como las instalaciones de la empresa, con el objetivo de recabar información y determinar posibles responsabilidades por los retrasos.
Este episodio ha reabierto el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y contratación en procesos electorales. La transparencia y eficiencia en estos procedimientos resultan fundamentales para garantizar la confianza ciudadana y evitar que situaciones similares vuelvan a afectar el desarrollo de elecciones en el país.
