El juez constitucional Jorge Luis Linares Cuadros fue denunciado ante el Poder Judicial por presuntamente favorecer a los abogados Christian Vizcarra Adriano y Alfredo Álvarez Díaz, ambos candidatos al Decanato del Colegio de Abogados de Arequipa (CAA). La denuncia se sustenta en la difusión de conversaciones atribuidas al magistrado y a los letrados, que revelan un presunto tráfico de influencias para obtener resoluciones judiciales a su favor.
Según la información difundida en grupos de abogados y las redes sociales, los teléfonos de los abogados habrían sido hackeados para obtener las conversaciones que comprometen al juez. En dichos mensajes —cuya autenticidad deberá ser corroborada por el Ministerio Público— se observa una aparente coordinación para favorecer los intereses de ambos postulantes en procesos internos del CAA.
Ofrecimientos y favores
Los mensajes atribuidos a Christian Vizcarra Adriano muestran una conversación frecuente y de confianza con quien sería el juez Linares Cuadros. Estas conversaciones giran en torno a una medida cautelar que presentó el letrado para volver al cargo de vicedecano. Esto tras haber sido suspendido de la actual Junta Directiva que preside John Mesías Romero
En una de las primeras capturas, el abogado inicia el diálogo con un pedido directo: “Hola, Jorgito, hermano mío ¿Cómo va el tema de mi proceso por favor?”. El juez responde explicando dificultades: “Qué tal doctor, estoy estudiando el caso pero es complicado conseguir una medida cautelar cuando se trata de asuntos internos del colegio”.
Los diálogos de WhatsApp también revelan ofrecimientos de Vizcarra al magistrado a cambio del apoyo, como futuros cargos o remuneraciones. “Cuando sea decano vas a ser mi mano derecha (…) vamos a empezar a remunerar bien las ponencias especialmente a mis amigos como tú”, dice presuntamente Vizcarra.
Uno de los pasajes más comprometedores corresponde al momento en que, presuntamente, el juez constitucional confirma la proyección de una resolución favorable para reponer a Vizcarra como vicedecano del CAA. “Acabo de terminar de proyectar su resolución. Está cifrado, la clave es su fecha de nacimiento”.
Después de recibir esta proyección de la resolución, el actual candidato al Decanato del CAA responde con total algarabía: “Uffff, Jorgito, eres lo máximo hermano mío (…) mi reposición como vicedecano es realidad”, se desprende de los chats filtrados y publicados en Facebook.
Otros favores
Sí bien estas conversaciones no son las únicas, sí son las más graves por el contexto ilícito. En el compilado de capturas de pantalla también se lee cómo el interlocutor —que hace referencia a Christian Vizcarra— le pide otros favores al magistrado, relacionados con procesos en su contra.
Según los chats, el abogado fue denunciado por acoso contra una trabajadora del colegio profesional y también afronta una acusación por no reconocer a un hijo de nacionalidad estadounidense. Para el primer caso, el letrado había pedido el archivo definitivo del caso; mientras que, para el segundo caso, solicitó recomendaciones a fin de que la supuesta madre de su hijo no lo denuncie por alimentos. Esto con el fin de no manchar su candidatura.
Curiosamente, y para pecar de incrédulos, los hechos coinciden con lo ocurrido dentro de la orden profesional. En principio, Christian Vizcarra había sido suspendido de la Junta Directiva por sus constantes inasistencias a las sesiones. Luego, presentó una acción de amparo y una medida cautelar, y precisamente fue repuesto por resolución del juez Linares Cuadros, aunque luego renunció para postular al Decanato.
Pastdecano en la mira
Los mensajes atribuidos al pastdecano Alfredo Álvarez Díaz reflejan un tono similar. En una comunicación, el exdirectivo felicita al juez y solicita atender dos expedientes clave: “Doctor, estos procesos son de vital importancia para recuperar nuestro colegio. Yo le ofrezco pertenecer a mi grupo ocupando un cargo sumamente relevante”, empieza la conversación.
Incluso, el interlocutor que sería Álvarez Díaz promete gestiones ante altos funcionarios judiciales. “Tengo grandes amigos en la Junta Nacional para lograr su renovación y otros contactos en universidades para que usted pueda desarrollar sus investigaciones”. Aunque no se detalla si finalmente obtuvo resoluciones favorables como en el caso de Vizcarra.
Desmiente tráfico de influencias
Tras hacerse públicas las capturas, Christian Vizcarra Adriano negó tajantemente su autenticidad y aseguró ser víctima de una elaboración fraudulenta. “Es una elaboración maquiavélica en los chats. Construcción de conversaciones que jamás existieron ni existirán. Son denuncias falsas y tendenciosas de trolls que solo causan daños”, declaró en conferencia de prensa.
El abogado presentó una denuncia por suplantación de identidad ante el Departamento de Investigación de Delitos de Alta Tecnología. En su acta indica que las imágenes “contendrían expresiones agraviantes hacia su persona y hacia terceros, generando un evidente agravio moral”.
Sobre la referencia en los chats a un presunto hijo no reconocido, respondió que no afronta ningún proceso por este hecho. “Yo soy un hombre de derecho, no tengo proceso de filiación o de alimentos. No podría hablar de algo que no existe”, aseveró.
Hechos ocurrieron
No obstante, el decano del Colegio de Abogados de Arequipa, John Mesias Romero, afirmó que los hechos descritos en los chats —al menos en el caso de Vizcarra— sí ocurrieron, aunque evitó validar la veracidad de los mensajes filtrados.
“El exvicedecano fue suspendido en sus funciones. Él presenta una acción de amparo y una medida cautelar. Después llegó al Colegio una orden de este juez constitucional y lo repone (…) Yo no puedo asegurar que sea él o que esos chats sean verdaderos, eso le corresponde al Ministerio Público, pero que los hechos han sucedido tal cual, han pasado”, declaró.
La denuncia contra el magistrado Linares Cuadros deberá ser evaluada en el menor plazo posible. En tanto, desde la Corte Superior de Justicia de Arequipa señalaron que notificaron a la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control (ODANC) y al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.
