El Ejecutivo de José Jerí dio un paso clave en el caso ‘Cuellos Blancos’ al aprobar el pedido de extradición del exjuez supremo César Hinostroza, actualmente en Bélgica. La decisión, tomada en sesión de gabinete, se basó en el informe favorable de la Comisión de Extradiciones y el respaldo previo de la Corte Suprema. Con ello, el Estado busca que el exmagistrado responda ante la justicia peruana por el presunto delito de cohecho, mientras su figura sigue envuelta en cuestionamientos y episodios de fuga.
La resolución del gabinete se adoptó tras la revisión del requerimiento presentado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sustentado en el aval emitido por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Esta instancia ya había declarado procedente que César Hinostroza sea sometido a proceso en Perú por cohecho activo genérico. El pedido se origina en el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tumbes, región desde donde el exmagistrado emprendió su fuga pese a la orden de captura que pesaba en su contra.
Desde la PCM se destacó que el informe aprobado por la Comisión Oficial de Extradiciones respaldó todos los elementos necesarios para activar el proceso ante Bélgica. En el comunicado oficial, el Ejecutivo sostuvo que esta medida se enmarca en su promesa de fortalecer la institucionalidad, mantener una postura firme contra la corrupción y garantizar el respeto al debido proceso. El caso Hinostroza continúa así un recorrido judicial que lleva años marcado por episodios de ocultamiento y desplazamientos fuera del país.
Las apariciones públicas del exjuez en territorio belga se han vuelto recurrentes. Fuentes periodísticas lo registraron en restaurantes, zonas residenciales e incluso durante lo que parecía la búsqueda de un departamento en Bruselas. Según diversas publicaciones, Hinostroza permaneció en Madrid hasta que España le negó el asilo; luego se trasladó a Bélgica ante la inminente decisión del Consejo de Ministros español que abría el camino a su extradición. A ello se suma la revelación de que aún recibía una pensión del Poder Judicial.
El origen de su fuga se remonta a 2018, cuando, según las autoridades peruanas, entregó 10.000 dólares a una funcionaria de Migraciones en Tumbes para evitar la activación de una alerta que le impedía salir del país. Ese episodio antecedió a su salida hacia Ecuador y luego a España. Hoy enfrenta dos órdenes de prisión preventiva por el caso ‘Cuellos Blancos’, una red que operó en el Callao y Lima traficando influencias, favores y decisiones judiciales. El escándalo, destapado durante el gobierno de Martín Vizcarra, terminó por exponer vínculos con casos de alto impacto político, incluyendo investigaciones que involucraron a líderes nacionales. La Fiscalía atribuye a esta mafia más de un centenar de actos ilícitos y a decenas de implicados sin fuero especial.
