La Confiep expresó preocupación por la propuesta debatida en la Comisión de Energía y Minas del Congreso que plantea ampliar la vigencia del Reinfo y permitir el retorno de miles de mineros informales. El gremio sostiene que esta iniciativa consolidaría un sistema que ha permitido operar a actores ilegales bajo una fachada de formalización, pese a incumplir normas ambientales y laborales. Además, advierte graves riesgos sociales, económicos y de seguridad ciudadana.
Según el gremio empresarial, extender nuevamente el Reinfo significaría reforzar un mecanismo que nació como una medida temporal para facilitar la transición hacia la formalidad, pero que con el tiempo se habría desnaturalizado. Recordaron que las prórrogas sucesivas no han logrado integrar a los pequeños mineros al marco legal, sino que han permitido que operadores ilegales mantengan actividades en zonas prohibidas y sin cumplir con los estándares exigidos.
En su pronunciamiento, la Confiep subrayó que esta extensión enviaría un mensaje equivocado a la ciudadanía y a los mercados, al legitimar prácticas que no respetan la normativa ambiental ni la trazabilidad exigida en la cadena productiva. También alertó sobre los efectos colaterales de la minería informal, actividad que —según indican— se encuentra vinculada a delitos como trata de personas, lavado de activos, deforestación y violencia organizada en territorios donde el Estado tiene poco alcance.
El gremio empresarial destacó además que la permanencia de este registro perpetúa condiciones laborales precarias para miles de trabajadores que operan sin seguridad social ni protección frente a riesgos. A esto se suma el impacto internacional que podría acarrear una nueva prórroga, pues el país asumiría el incumplimiento de compromisos firmados en la Política Andina contra la Minería Ilegal, lo que podría derivar en sanciones o restricciones con afectación directa a la competitividad de las mypes exportadoras.
Frente a ello, la Confiep insistió en que la salida no es ampliar el Reinfo, sino implementar una política de formalización minera con plazos definitivos, fiscalización ambiental reforzada y mayor capacidad operativa en los gobiernos regionales. Finalmente, exhortó al Congreso a actuar con responsabilidad y priorizar la institucionalidad del país, recordando que la decisión legislativa marcará un precedente clave para el rumbo de la minería formal y sostenible.
