La historia judicial de la fiscal suspendida Elizabeth Peralta suma un nuevo giro. Este miércoles, volvió a ser recluida en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos luego de entregarse voluntariamente tras una orden de captura. Su caso, ligado al expresentador Andrés Hurtado, destapó una presunta red de sobornos y tráfico de influencias vinculada a la recuperación ilegal de cargamentos de oro. La decisión judicial que revocó su libertad reabre el debate sobre los errores procesales y el control interno del Ministerio Público.
Peralta pasó una noche en la carceleta del Poder Judicial antes de ser trasladada nuevamente al penal. En imágenes difundidas por Canal N, se la observó con semblante serio y cubierta con una manta rosada. Su entrega se produjo luego de que el juez supremo Juan Carlos Checkley ordenara su ubicación a nivel nacional e internacional. Esto tras declararse nula la resolución que había dispuesto su excarcelación.
El juez Checkley había considerado inicialmente que no existía riesgo de fuga ni de obstrucción a la justicia, lo que permitió su liberación el 30 de octubre. Sin embargo, la fiscal suprema Zoraida Ávalos interpuso un recurso de nulidad, argumentando que la excarcelación no podía concretarse sin que el pedido fuera resuelto. El juzgado comunicó de inmediato la medida a Interpol y a la Unidad de Requisitorias del Poder Judicial. Lo que reactivó la búsqueda y posterior reclusión de la magistrada.
La investigación fiscal sostiene que Peralta, presentada por Hurtado ante empresarios dedicados al comercio ilegal de oro, habría solicitado 100.000 dólares para favorecerlos en un proceso judicial y recuperar un cargamento incautado. Uno de los implicados, Iván Siucho, declaró como colaborador eficaz y detalló que Hurtado actuó como intermediario directo.
Mientras tanto, la Autoridad Nacional de Control amplió su pesquisa a otras autoridades judiciales. Y están incluidas la presidenta de la Corte de Lima, María Vidal, y la jueza Paola Valdivia. En paralelo, Hurtado continúa en prisión por una segunda orden de prisión preventiva vigente hasta marzo de 2026, esta vez por presunto cohecho pasivo específico.
