La historia dio un giro inesperado. Días después de haber salido del penal de Chorrillos, la fiscal Elizabeth Peralta enfrenta ahora una orden de captura emitida por el juez supremo Juan Carlos Checkley. La medida, comunicada a la Policía, al Poder Judicial e Interpol, busca revertir la liberación de la funcionaria. Quien es investigada por tráfico de influencias y sobornos en una trama que también involucra al exconductor Andrés Hurtado. Desde su salida, el paradero de la magistrada es desconocido.
La resolución judicial difundida por el programa Punto Final dejó sin efecto la excarcelación de Peralta y ordenó su ubicación inmediata. Checkley había dispuesto inicialmente levantar la prisión preventiva por considerar que no existía riesgo procesal. Pero tras un recurso presentado por la fiscal suprema Zoraida Ávalos, modificó su decisión y determinó que la medida solo sería válida una vez consentida. Sin embargo, la magistrada ya había abandonado el penal el 30 de octubre.
El Ministerio Público informó que la fiscal permanece inubicable y extendió su suspensión preventiva del cargo por tres meses. Según el comunicado oficial, Peralta “no ha podido ser hallada en los domicilios registrados”, lo que refuerza la sospecha de que estaría evadiendo la justicia. La orden de captura fue remitida también a Interpol para activar la alerta internacional.
De acuerdo con la investigación, Andrés Hurtado habría servido de enlace entre Peralta y empresarios del oro que buscaban recuperar un cargamento incautado. Un colaborador eficaz declaró que, durante una reunión en 2021, la fiscal exigió 100.000 dólares para abrir un proceso por lavado de activos.
Mientras tanto, el Poder Judicial mantiene preso a Hurtado, pese a una orden de liberación anterior, debido a una segunda prisión preventiva por cohecho vigente hasta marzo de 2026. El caso ha generado nuevas pesquisas sobre posibles irregularidades en el Poder Judicial y el Ministerio Público, incluyendo procesos disciplinarios a jueces de la Corte de Lima.
