La polémica por la designación de José Roberto Paredes Mujica como representante ante el directorio del Establecimiento de Salud Municipal (ESAMU) sigue generando consecuencias. El Ministerio Público decidió ampliar por 20 días la investigación preliminar contra los regidores de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) por la presunta comisión del delito de nombramiento ilegal de cargo público, tipificado en el artículo 381 del Código Penal. Esto según la disposición fiscal N° 04-2025-2FPPC-7DI-MP.
Los investigados son los regidores Rolando Bedregal Sanz, Susana Condori Huamaní, Michael Emiliano Arce Ale, Cleopatra Chávez Menacho, Carmen Valeria Zamata Leo, Emilio Gerónimo Herrera Cornejo, Diana Jacqueline Caracela Ramos, José Raúl Suárez Llerena, Patricia Hidalgo Mamani de Gallegos, Ingrid Natty Carpio Pérez, Exequiel Moisés Medina Lazo y la exgerenta de Asesoría Jurídica, Mary Ann Zúñiga Lluncor. Todos ellos votaron a favor o emitieron informes que sustentaron la designación de Paredes Mujica, pese a las observaciones planteadas durante la sesión de concejo.
Designación irregular
El caso se originó en julio de 2024, cuando el pleno del Concejo Provincial aprobó la designación de José Roberto Paredes Mujica como representante de los regidores ante el directorio del ESAMU. Sin embargo, la decisión fue cuestionada porque el funcionario no cumplía con los requisitos exigidos por la Ordenanza Municipal N° 926, que establece como condición tener al menos tres años de experiencia en gestión pública.
Durante la sesión del 19 de julio de 2024, la regidora Mayra Sumari Laura advirtió que este no reunía la experiencia necesaria para ocupar el cargo. Pese a ello, el pleno aprobó su nombramiento basándose en el Informe Legal N° 296-2024-MPA/GAJ, firmado por la entonces gerente de Asesoría Jurídica, Mary Ann Zúñiga Lluncor. La funcionaria concluyó que el candidato sí cumplía los requisitos. No obstante, el documento omitió un análisis de su experiencia real en el ámbito público.
Esa omisión levantó sospechas sobre una posible manipulación del proceso de evaluación para favorecer al postulante. La Fiscalía sostiene que el concejo habría incurrido en una designación ilegal, vulnerando los procedimientos normativos internos y las exigencias de idoneidad profesional que la propia municipalidad había establecido.
Recoletan más pruebas
La nueva disposición fiscal ordena la realización de diversas diligencias para esclarecer los hechos. Entre ellas, se solicitó a las áreas de Asesoría Jurídica y Recursos Humanos de la MPA que informen qué se entiende por el requisito de “tres años en gestión pública” y si existen procedimientos internos para la elección y designación del representante ante el directorio del ESAMU.
Asimismo, la fiscal Gleny Karen Velarde Pinto dispuso que se remita copia certificada de la constancia de residentado (SERUMS) y del supuesto posgrado en Administración y Gestión en Salud de José Paredes Mujica, documentos que habrían sido presentados en su declaración jurada, pero cuya validez aún no ha sido verificada.
De igual manera, se ofició al Ministerio de Salud (MINSA) y a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) para que aclaren si los estudios de segunda especialidad o el SERUMS pueden ser considerados como experiencia en gestión pública o “proceso de ascenso”, criterios que fueron utilizados para justificar la designación del investigado
Comparecerán ante la Fiscalía
La disposición también ordena la declaración virtual de todos los regidores implicados, programadas para los días 3 y 4 de noviembre de 2025, a través de la plataforma Google Meet. La fiscal advirtió que, en caso de inasistencia, solicitará apoyo policial para su conducción compulsiva.
Por su parte, Mary Ann Zúñiga Lluncor deberá declarar el 3 de noviembre a las 11:00 a.m., acompañada de su abogado. Deberá explicar en qué se basó su informe legal para afirmar que Paredes Mujica cumplía con el requisito de experiencia en gestión pública, pese a la falta de documentación probatoria.
La ampliación de la investigación se da luego de que la Tercera Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de Arequipa declarara nula una disposición previa que limitaba las diligencias. En su resolución del 22 de septiembre de 2025, el órgano superior ordenó profundizar las indagaciones y ampliar el plazo de investigación.
El delito de nombramiento ilegal de cargo público, previsto en el artículo 381 del Código Penal, contempla penas de hasta cuatro años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Si se comprueba que los regidores actuaron con conocimiento del incumplimiento de requisitos, podrían afrontar acusaciones formales por responsabilidad penal y administrativa.
