El Consejo Regional de Arequipa (CRA) tiene en sus manos la decisión de permitir que el equipamiento médico adquirido para las obras hospitalarias paralizadas sea finalmente utilizado. La propuesta, impulsada por el gobernador regional Rohel Sánchez, busca que los bienes almacenados de los proyectos inconclusos en Camaná, Cotahuasi y Maritza Campos (Cerro Colorado) se pongan al servicio del sistema de salud regional.
El pedido formal fue remitido al presidente del Consejo Regional, Osías Ortiz, mediante el Oficio N.º 0675-2025-GRA/GR. En este se solicita debatir un proyecto de ordenanza que establezca un procedimiento excepcional para el alta y disposición de bienes muebles provenientes de contratos de obras paralizadas en el sector salud. La medida permitiría incorporar oficialmente estos equipos al patrimonio del Gobierno Regional de Arequipa y, posteriormente, transferirlos a establecimientos que los necesiten.
El oficio cita los informes técnicos y legales que respaldan la iniciativa. Entre ellos, el Informe N.º 0210-2025-GRA/GGR y el Informe N.º 2288-2025-GRA/ORAJ, emitido por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, que avala la viabilidad legal del procedimiento. Según el documento, la propuesta se sustenta en la Ley N.º 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, y en el principio constitucional del derecho a la salud.
Hospitales paralizados
El informe explica la situación de al menos tres proyectos hospitalarios paralizados: el Hospital Maritza Campos Díaz en Cerro Colorado (S/181 millones), el Hospital de Camaná (S/97 millones) y el Hospital de Cotahuasi (S/75 millones). Todos ellos se ejecutaron bajo la modalidad de contrata y fueron detenidos por incumplimiento de contrato de las empresas constructoras.
Estos proyectos acumulan equipos y mobiliario que permanecen almacenados sin uso, algunos desde hace varios años. Según el Gobierno Regional, los bienes no pueden incorporarse formalmente al patrimonio institucional porque las obras no han sido concluidas ni liquidadas. Esto impide su transferencia o utilización en otros centros médicos, generando un riesgo de deterioro, obsolescencia y pérdida del equipamiento.
Se argumenta que la ordenanza permitiría dar de alta estos bienes bajo la causal de “disposición legal”, prevista en la Directiva N.º 006-2021-EF/54.01, que regula la gestión de bienes muebles en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Esto abriría la posibilidad de transferir los equipos a hospitales y centros de salud que puedan aprovecharlos de inmediato.
Además, el Gobierno Regional reconoce que muchos de los equipos adquiridos ya han perdido vigencia tecnológica, por lo que en los nuevos expedientes de saldo de obra se recomienda comprar equipamiento moderno. Sin embargo, recalcan que todavía hay bienes en condiciones óptimas que podrían ser utilizados, especialmente en hospitales provinciales y distritales que carecen de recursos.
De aprobarse, la ordenanza permitiría cumplir con las normas patrimoniales, evitar el deterioro de bienes almacenados, optimizar recursos y garantizar el derecho a la salud de miles de ciudadanos. También fortalecería la cobertura sanitaria regional al equipar establecimientos de salud que operan con carencias graves.
La propuesta no implicaría un gasto adicional para el Gobierno Regional, ya que solo requiere implementar un procedimiento administrativo interno con el personal existente. Por el contrario, se espera que genere ahorros al Estado, al aprovechar equipamiento inactivo y evitar la compra innecesaria de nuevos bienes.
