El Montonero: Mil días de un gobierno de espaldas al país

Por Gustavo Puma Cáceres. Planificador Urbano Territorial y Portuario, Gobernanza Territorial y Gestión de Ciudades Puerto. Mail: gpumacac@unsa.edu.pe

El hito de los 1,000 días de gobierno de Dina Baluarte no se conmemora como una celebración de gestión, sino como una marca de supervivencia presidencial para una administración definida por un abismo sin precedentes entre el poder y el pueblo peruano. En el centro de este mandato yace una paradoja fundamental; un gobierno que se autoproclama libre de corrupción mientras enfrenta un rechazo ciudadano casi universal, con índices de desaprobación que se han mantenido por encima del 85% y han alcanzado mínimos históricos del 97%.

Gobernar sin Respaldo Popular

La gestión de Boluarte se caracteriza por una «tormenta perfecta» de cuatro crisis interconectadas que han paralizado al país. Primero, una profunda crisis de legitimidad, nacida de sus violentos orígenes, que nunca ha logrado superar. Segundo, una inestabilidad política crónica que ha desmantelado el aparato estatal, convirtiendo los ministerios en una puerta giratoria y agencia de empleos. Tercero, un asedio constante de escándalos de corrupción que han consumido su escaso capital político. Y, de manera más crítica, una ineficiencia sistémica y transversal a todos los ministerios que ha exacerbado directamente los problemas cotidianos de 34 millones de peruanos. Resultando en un alarmante aumento de la pobreza, extrema pobreza y la inseguridad ciudadana, el cual tiene un impacto devastador en la nación.

La incapacidad del gobierno para conectar con la ciudadanía no es un fenómeno reciente, sino una condición estructural que se remonta a sus primeros días. Esta desconexión se manifiesta en tres áreas clave: (i) el trauma de la represión inicial, (ii) el veredicto implacable de las encuestas y (iii) una alianza de conveniencia con un Congreso igualmente desacreditado.

El Lema «Dina asesina»

El gobierno de Dina Boluarte nació con un déficit de legitimidad insuperable, forjado en la represión de las protestas sociales que estallaron entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. La respuesta de las fuerzas del orden a las manifestaciones, que exigían la renuncia de la presidenta y nuevas elecciones, dejó un saldo trágico de más de 50 peruanos fallecidos, muchos de ellos por impacto de proyectiles en la cabeza y 7 menores de edad.

Este episodio inicial no solo marcó el tono de la administración, sino que también cimentó una percepción generalizada de autoritarismo. Una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) de mayo de 2023 reveló que un contundente 81% de los peruanos creía que se habían violado los derechos humanos durante las protestas. La herida abierta por estas muertes se materializó en una investigación fiscal contra la propia presidenta Boluarte y varios de sus ministros por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. El lema «Dina asesina», coreado en las calles y visible en carteles durante los funerales, se convirtió en el símbolo indeleble de esta ruptura fundamental entre la gobernante y una vasta porción del país.

Rechazo histórico en las encuestas

El rechazo a la gestión presidencial no ha sido un evento aislado, sino una constante que se ha agravado con el tiempo. Las encuestas de opinión pública han funcionado como un termómetro implacable del descontento ciudadano, mostrando una tendencia de desaprobación sostenida y sin precedentes.

Apenas un mes después de asumir el cargo, en enero de 2023, la desaprobación de Boluarte ya alcanzaba el 71%. Lejos de mejorar, esta cifra escaló progresivamente, llegando a un pico del 85% en noviembre de 2023, a un año de su mandato. Para mediados de 2025, la situación era aún más crítica, con encuestas de Ipsos y el IEP registrando una desaprobación del 93%. Este rechazo es transversal, afectando a todas las regiones, con casos extremos como el norte del país, donde su aprobación llegó a un inédito 0%. La desconfianza se extiende incluso al sector empresarial, la CONFIEP donde el 92% de los gerentes generales desaprueba su desempeño. Evidenciando una fractura con casi todos los estamentos de la sociedad peruana.

La Alianza con Acuña – Keiko – Cerrón y un Congreso Repudiado

La supervivencia política de la administración Boluarte no se explica por un mandato popular, sino por una alianza pragmática entre Acuña – Keiko – Cerrón y de conveniencia con un Congreso de la República que comparte su misma impopularidad, con niveles de rechazo que también superan el 97%. Esta simbiosis se ha convertido en un modelo de gobernanza disfuncional, donde el objetivo principal no es la gestión pública ni el bien común, sino la autopreservación del poder hasta el fin del mandato en 2026.

Ambos poderes del Estado son conscientes de que no sobrevivirían a un adelanto de elecciones, una demanda apoyada por más del 90% de la ciudadanía. Este interés común ha forjado una «coalición negativa». El Ejecutivo, debilitado y sin bancada propia, tolera el avance del Congreso sobre otras instituciones, como la Junta Nacional de Justicia, y cede autonomía a cambio de protección frente a mociones de vacancia. El resultado es una parálisis institucional, donde el 72% de los peruanos percibe que la presidenta no defiende la autonomía del Poder Ejecutivo frente al Legislativo.

Un ministro cambiado cada 13 días

La debilidad intrínseca del gobierno se manifiesta de la forma más clara en la extrema inestabilidad de sus gabinetes ministeriales. Esta rotación constante no es solo un síntoma de la crisis, sino una de sus causas principales, ya que impide cualquier intento de planificación a largo plazo y paraliza la ejecución de políticas públicas.

Los números de la inestabilidad ministerial son elocuentes. En solo 793 días de gestión, Dina Boluarte ha nombrado a 61 ministros, lo que equivale a un cambio de ministro cada 13 días. Esta cifra sitúa al Perú en una posición anómala en la región. En el mismo período, Chile tuvo 49 cambios ministeriales, Colombia 43, y México apenas 40 en más de cinco años de gobierno.

Esta alta rotación es una consecuencia directa de la fragilidad del gobierno. Sin un partido político que la respalde y con una aprobación ciudadana inexistente, la presidenta utiliza los puestos ministeriales como moneda de cambio para asegurar lealtades fragmentadas en el Congreso y aplacar a los grupos de poder que la sostienen. Los ministros no son seleccionados por su idoneidad técnica o su visión sectorial, sino por su utilidad política en el corto plazo, lo que ha llevado al nombramiento de perfiles calificados por analistas como «gente anodina, de segunda línea».

Este «carrusel ministerial» tiene consecuencias devastadoras para la gestión del Estado. La constante rotación impide la formulación y ejecución de políticas de largo aliento, destruye la memoria institucional y desincentiva a profesionales calificados a asumir cargos públicos. Los ministros, conscientes de su precaria situación, se enfocan en la supervivencia política en lugar de abordar reformas complejas. Esta inestabilidad se extiende a los viceministerios, el brazo técnico del Estado, lo que paraliza la ejecución presupuestal y la gestión de proyectos. El resultado es un Estado sin rumbo, incapaz de responder a las necesidades urgentes de la población.

El «Caso Rolex» y la Desconexión Presidencial

Sumado a la crisis de legitimidad y la inestabilidad, el gobierno de Boluarte ha estado permanentemente asediado por graves acusaciones de corrupción. Estos escándalos no solo han dañado la imagen presidencial, sino que han desviado la atención y los recursos del Estado de la gestión de los problemas del país, creando un círculo vicioso de parálisis y desconfianza.

El escándalo más emblemático ha sido el «Caso Rolex», una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y cohecho pasivo impropio a raíz del uso de relojes de lujo y joyas no declaradas. El caso escaló con un allanamiento nocturno a la residencia de Dina Boluarte, transmitido en vivo, que se convirtió en un símbolo de la crisis. Las explicaciones contradictorias de Boluarte, quien finalmente afirmó que los relojes eran un «préstamo» del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, no hicieron más que profundizar las sospechas de un posible intercambio de favores por presupuesto. Más allá de las implicaciones legales, el escándalo proyectó la imagen de una líder desconectada de las dificultades económicas de la mayoría de peruanos.

Las iiete Investigaciones fiscales

El «Caso Rolex» es solo la punta del iceberg. La presidenta acumula al menos siete investigaciones fiscales por hechos presuntamente delictivos cometidos durante su mandato. Este patrón de acusaciones ha obligado al gobierno a operar en un estado de defensa legal permanente.

Fuente: Ojo Publico

Esta avalancha de investigaciones genera un ciclo de parálisis. La energía política y administrativa que debería dedicarse a gobernar se desvía hacia la gestión de crisis legales. Esta distracción, a su vez, agrava la ineficiencia del Estado, empeora los servicios públicos, y alimenta aún más el descontento ciudadano, consolidando la percepción de un gobierno incompetente y corrupto.

El costo de la corrupción: S/ 24 mil millones perdidos

Los escándalos en las altas esferas son un reflejo de un problema sistémico. Según una estimación de la Contraloría General de la República, la corrupción y la inconducta funcional ocasionaron al país pérdidas por S/ 24,268 millones solo en el año 2023. Esta cifra traduce el abstracto concepto de la corrupción en un costo tangible: miles de millones de soles que podrían haberse invertido en hospitales, escuelas, seguridad y obras de infraestructura, pero que se perdieron por la ineficiencia y la falta de probidad. La percepción ciudadana es clara: la corrupción es, junto a la delincuencia, el principal problema del país.

La gestión en rojo

La confluencia de la crisis política, la inestabilidad y los escándalos ha resultado en un colapso de la capacidad de gestión del Estado. Los fracasos no son aislados, sino que se extienden por todos los ministerios, con consecuencias directas y dolorosas para la vida de los peruanos.

La lucha contra la delincuencia y el sicariato, principal preocupación de los peruanos, ha sido un fracaso rotundo. A pesar de las reiteradas declaratorias de estado de emergencia en diversas zonas del país, la percepción de inseguridad sigue siendo crítica: un 75% de la población se siente insegura en su propio vecindario. La gestión de la inversión en el Ministerio del Interior es un desastre. Un informe de Videnza Instituto reveló que esta cartera presenta los peores indicadores de eficiencia, con un alarmante 80% de sus obras paralizadas y liderando los sobrecostos en proyectos. Un solo proyecto, denominado «Control de disturbios a escala nacional», acumuló un sobrecosto de S/ 276 millones. Además, en 2023, el ministerio dejó sin ejecutar uno de cada cinco soles de su presupuesto para inversión.

• Salud Pública – Entre la Epidemia y el Despilfarro (Ministerio de Salud)

El sector Salud enfrenta una doble crisis: una respuesta deficiente a emergencias sanitarias y una gestión logística desastrosa. En 2023, el gobierno enfrentó el peor brote de dengue en la historia del Perú, que para fines de julio ya había causado más de 222,000 casos y 381 muertes, cifras que superaron ampliamente los brotes de años anteriores. Simultáneamente, mientras los pacientes sufren por el desabastecimiento de medicinas esenciales en los hospitales públicos, los almacenes del Estado registran pérdidas millonarias. Durante la gestión de Boluarte, se han vencido medicamentos por un valor de S/ 98 millones, una pérdida diez veces mayor a la registrada en el gobierno anterior.

• Infraestructura y Educación: El Cáncer de las Obras Paralizadas (MTC, MINEDU)

La parálisis de la inversión pública es un mal endémico que se ha agudizado. Para diciembre de 2024, la Contraloría reportó 2,474 obras públicas paralizadas en todo el territorio nacional, con un costo de inversión de miles de millones de soles detenidos. El sector de Transportes y Comunicaciones (MTC) es uno de los principales responsables de esta parálisis. Un informe de 2023 ya identificaba 101 proyectos clave del gobierno nacional estancados, con un saldo por ejecutar de más de S/ 4,300 millones. En el sector Educación, la baja ejecución presupuestal, especialmente por parte de los gobiernos locales que gastaron apenas dos tercios de sus fondos, se traduce directamente en una infraestructura escolar deficiente, falta de materiales y una calidad educativa precaria que hipoteca el futuro de millones de estudiantes peruanos. Las causas de esta parálisis son recurrentes: incumplimiento de contratos, falta de recursos y, sobre todo, expedientes técnicos deficientes que evidencian una grave falta de capacidad en la planificación.

• Economía y Desarrollo Social: Aumento de Pobreza y extrema pobreza (MEF y MIDIS)

El gobierno destaca una recuperación macroeconómica, con un crecimiento del PBI proyectado en torno al 3% para 2024 y 2025, tras la contracción de -0.55% en 2023. Sin embargo, esta mejora en las cifras no se ha traducido en bienestar para las familias peruanas. Por el contrario, el país ha sufrido un retroceso social devastador. En 2023, la pobreza monetaria aumentó del 27.5% al 29.0%, lo que significa que casi 600,000 personas cayeron en la pobreza en un solo año. La pobreza extrema también creció, afectando a 249,000 peruanos adicionales. Este dramático incremento revierte años de progreso en la lucha contra la pobreza y demuestra la profunda desconexión entre la gestión económica del gobierno y la realidad de los hogares.

Mil días de oportunidades perdidas

Dina Boluarte, sumida en una lucha permanente por su supervivencia política y acosada por escándalos de joyas de lujo y pesquisas judiciales, ha demostrado una incapacidad para ejercer un liderazgo efectivo. Su gobierno no gestiona; no reacciona, no anticipa y apaga incendios, muchas veces con gasolina.

Al cabo de 1,000 días, el balance del gobierno de Dina Boluarte es el de un profundo fracaso de gestión. La administración no es simplemente impopular; preside un Estado que se ha vuelto demostrablemente ineficaz e ineficiente, con consecuencias devastadoras para la población. La «mala gestión» no es una crítica política abstracta, sino una realidad con un costo humano tangible; vidas perdidas por la delincuencia, futuros limitados por una educación deficiente, familias empujadas nuevamente a la pobreza y extrema pobreza, una erosión generalizada de la confianza en las instituciones democráticas.

El enfoque de la administración en la mera supervivencia política, a través de una frágil alianza con el Congreso, ha sacrificado el servicio público. Estos 1,000 días representan un período crítico de oportunidades perdidas para el Perú. El legado de esta gestión es el de un país más frágil, más desigual y más cínico, con profundas heridas sociales y un camino incierto por delante.

1,000 días después, el balance es claro; un país más fragmentado, más inseguro, más desigual, más corrupción y con una fe debilitada en sus instituciones. La promesa de un «gobierno de unidad» se ha diluido, dejando en su lugar la amarga certeza de que, para millones de peruanos, estos han sido mil días perdidos.