Por: Henrry Torres Delgadillo – Especialista en Gestión de Riesgos
El proceso electoral del 2026 en el Perú se perfila como uno de los más desafiantes en el marco de una creciente inseguridad ciudadana, avance del crimen organizado y debilitamiento institucional. La omisión de estrategias de inteligencia preventiva y gestión de riesgos frente a estas amenazas representa un serio peligro para la gobernabilidad democrática y la participación electoral segura.
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), más del 80 % de la población urbana percibe que la inseguridad ha aumentado en los últimos años (INEI, 2023). Esta percepción está respaldada por el crecimiento de delitos como extorsión, sicariato y trata de personas. Fenómenos que han infiltrado incluso gobiernos locales (IDL, 2022). Frente a este contexto, las herramientas tradicionales de seguridad no bastan. Se requiere un enfoque estratégico, preventivo y multisectorial, con base en la inteligencia operativa y la evaluación de riesgos.
El riesgo de que las elecciones sean afectadas por actores ilegales no es una amenaza teórica. En países como México y Colombia, la violencia electoral ha incluido asesinatos de candidatos, coerción al voto y manipulación territorial (IDEA Internacional, 2021). En el Perú, según reportes de la Defensoría del Pueblo (2024), hay más de 200 distritos con riesgo de conflictividad social o infiltración criminal. Lo cual puede escalar si no se adoptan medidas concretas.
Desde una perspectiva comparada, existen cuatro modelos exitosos que pueden adaptarse al contexto peruano:
Colombia – Seguridad electoral focalizada: El Plan Democracia, liderado por la Policía Nacional y la Registraduría. Combina inteligencia territorial con mapeo de amenazas antes, durante y después de las elecciones (Registraduría Nacional, 2019).
México – Centros interinstitucionales de inteligencia electoral:Coordinación entre fuerzas del orden, fiscalías y órganos electorales para prevenir asesinatos políticos y fraudes (INE México, 2022).
Bolivia – Alertas tempranas en conflictividad: El Sistema de Monitoreo de Conflictos anticipa brotes de violencia social vinculados a procesos electorales. Facilitando intervención estatal preventiva (Fundación UNIR Bolivia, 2020).
Uruguay – Gestión de riesgos comunitaria: Mediante comités de seguridad barrial, el Ministerio del Interior coordina con la ciudadanía. Esto para identificar riesgos antes de los comicios (Ministerio del Interior Uruguay, 2018).
Para proteger la democracia en el 2026, el Perú debe fortalecer capacidades en inteligencia, tecnología y prevención electoral. La seguridad ciudadana debe integrarse al proceso electoral para evitar que la violencia o el crimen organizado amenacen su legitimidad e integridad.
