Por Omar J. Candia Aguilar. Abogado y político. Mail: ocandia@unsa.edu.pe
La relación entre la justicia y la política ha sido siempre compleja y controvertida. En los últimos años, hemos observado cómo la politización de la justicia y la judicialización de la política han generado un clima de incertidumbre y desconfianza en la ciudadanía.
Recordamos el episodio, cuando en una actividad protocolar la presienta Dina Boluarte pretendía quitarle la venda a la estatua de la justicia, indicando o subconscientemente que la justicia no es ciega. La politización de la justicia ha llevado a que las decisiones judiciales sean influenciadas por intereses políticos y no por la aplicación objetiva de la ley. Esto ha generado una falta de predictibilidad en la aplicación de la justicia, donde frente a un mismo marco fáctico y misma calificación jurídica, se pueden tener decisiones disímiles. Esta situación ha erosionado la confianza en la justicia y ha generado un clima de incertidumbre en la ciudadanía.
La falta de claridad y precisión en la aplicación de la ley ha llevado a que se flexibilicen los tipos penales para que encajen las conductas. Esto ha generado una evidente vulneración del principio de legalidad, que establece que la ley debe ser previa, escrita y estricta. La flexibilización de los tipos penales ha permitido que se sancione a personas por conductas que no están claramente definidas en la ley. Lo que viene generando un clima de inseguridad jurídica.
Asimismo, la Contraloría General de la República ha sido criticada por su aplicación caprichosa de la ley. En algunos casos, frente a un mismo fáctico, ha establecido responsabilidad administrativa y civil, mientras que en otro, ha establecido la responsabilidad penal. Esta falta de coherencia ha generado confusión y ha erosionado la confianza en la institución.
El principio de legalidad es fundamental en todo Estado de Derecho. En democracias sin una institucionalidad fuerte, este principio se vulnera con frecuencia, lo que genera un clima de inseguridad jurídica y desconfianza en la justicia.
Hemos observado cómo se instrumentalizan las instituciones para la persecución penal en algunas oportunidades, y otras, para levantar sanciones. La instrumentalización de las instituciones es lesivo para el Estado de Derecho y debe ser combatida con firmeza.
La politización de la justicia y la judicialización de la política han generado un clima de incertidumbre y desconfianza en la ciudadanía. La debilidad institucional y la falta de predictibilidad en la aplicación de la justicia han erosionado la confianza en la justicia. La flexibilización de los tipos penales y la aplicación caprichosa de la ley han vulnerado el principio de legalidad, pilar fundamental del Estado de Derecho. Es fundamental que se fortalezcan las instituciones y se garantice la aplicación objetiva de la ley para restaurar la confianza en la justicia y garantizar el Estado Constitucional de Derecho.