En apenas una semana de inspecciones, la Contraloría General destapó una realidad preocupante: cámaras de seguridad apagadas, radios mudas y patrulleros varados en 248 municipalidades de 24 regiones del país. Entre todas, Arequipa destaca por su nivel de inoperatividad, al concentrar el mayor número de cámaras de videovigilancia fuera de servicio (255) y equipos de radiocomunicación inservibles (83). El hallazgo forma parte del operativo nacional “Servicios de seguridad ciudadana ejecutados por los gobiernos locales”, realizado entre el 8 y el 14 de mayo.
Arequipa sin cámaras
Las cifras reveladas por la Contraloría General encienden las alarmas. En Arequipa, trece municipalidades dejaron de ver lo que ocurre en sus calles: 255 cámaras de videovigilancia han dejado de funcionar, apagando los ojos del sistema de seguridad ciudadana. Junto a ellas, 83 equipos de radiocomunicación se mantienen inactivos, dejando a los serenos sin posibilidad de coordinar intervenciones.
El operativo alcanzó a la Municipalidad Provincial de Arequipa y a distritos como Cerro Colorado, Bustamante y Rivero, Paucarpata o Socabaya. En cada uno de ellos, los fiscalizadores comprobaron que las herramientas básicas para enfrentar la delincuencia simplemente no funcionan.
La escena se repite a nivel nacional: 1 de cada 5 cámaras no opera, y más de mil radios han quedado mudas. Mientras tanto, 378 vehículos destinados al patrullaje siguen estacionados por fallas mecánicas o abandono. Todo esto afecta de forma directa la capacidad de respuesta y prevención frente al crimen en calles, parques y barrios.
La videovigilancia, que debería ser una herramienta eficaz, presenta fallas preocupantes. El 22% de las cámaras no graba por los 45 días requeridos, violando la normativa. Además, el 86% de las municipalidades no ejecuta un plan de mantenimiento, lo que convierte los sistemas en elefantes blancos que ya no protegen a nadie.
Sin equipamiento
La radiocomunicación también ha colapsado en muchos distritos. Arequipa, Piura, Ayacucho y Ucayali muestran los peores niveles de inoperatividad. A eso se suma que 79 municipalidades ni siquiera cuentan con un centro de videovigilancia o telecomunicaciones, lo que impide monitorear el territorio y actuar con rapidez.
Más allá de la tecnología, la protección del serenazgo también hace agua. En 133 municipalidades, los agentes patrullan sin chaleco antibalas ni rodilleras. En otras 49, reciben solo parte del equipamiento. Esta precariedad expone su integridad frente a la delincuencia organizada o violenta.
La Contraloría fue más allá: descubrió municipalidades que operan sin serenazgo ni cámaras. En lugares como Cajatambo, Bellavista o Aija, el Estado ha desaparecido del espacio público. El órgano de control ha exhortado a los alcaldes a implementar planes de seguridad urgentes, con enfoque preventivo y estrategias de patrullaje que permitan recuperar la confianza ciudadana.
