La sesión extraordinaria en la que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) acordó restituir a Patricia Benavides como fiscal de la Nación y fiscal suprema quedó bajo cuestionamiento luego de revelarse que la secretaria general, Giovanna Díaz Revilla, no fue convocada ni firmó el acta. La omisión, advertida por la propia funcionaria antes de su renuncia, afecta directamente la legalidad del documento.
En un oficio enviado el 16 de junio —día de su renuncia—, Díaz Revilla declaró que no participó en la sesión del 9 de junio y que por tanto no suscribió el acta correspondiente. Según el reglamento de la JNJ, su firma es obligatoria para validar las sesiones del Pleno. En su lugar, aparece la rúbrica de un “certificador” externo, Ciro Alberto Vega Cáceres, lo que ha encendido alertas sobre la legitimidad de la restitución de Benavides.
A esta situación se suman otras anomalías. La JNJ respondió que no existen registros audiovisuales de la sesión en cuestión, y se negó a entregar el escrito presentado por el magistrado Francisco Távara, quien se opuso a la decisión por considerarla inconstitucional. El magistrado ya había advertido que el proceso estaba judicializado y que resolverlo en sede administrativa podría vulnerar la legalidad institucional.
El documento de Távara, ya conocido públicamente, también cuestiona que no existiera un informe previo ni que se haya transparentado la documentación del caso. Para el magistrado, estos vacíos impiden conocer con claridad el estado del procedimiento y el trámite que debía seguirse, calificando la situación como “inusual, por decir lo menos”.
Finalmente, Távara advirtió que los miembros del Pleno podrían estar incurriendo en responsabilidad por intervenir en un asunto judicializado. Citó el artículo 139.2 de la Constitución, que prohíbe a cualquier autoridad interferir en procesos sometidos a control judicial. La controversia, lejos de cerrarse, complica aún más la cuestionada restitución de Benavides.
