Sembrando hombres: Majes Siguas II, cada vez más lejos

 Por Huber Valdivia Pinto. Asesor y Consultor

Después de 15 años de idas y venidas, el proyecto Majes Siguas II sigue en el mismo punto de partida: negociaciones eternas, promesas incumplidas y la esperanza depositada —otra vez— en la misma empresa que incumplió y demandó al Estado peruano. A pesar de los fracasos acumulados, hoy se insiste en que la solución está en retomar el diálogo con Cobra, el mismo concesionario que paralizó las obras, no cumplió con el contrato y ahora reclama 1.400 millones de dólares en un arbitraje internacional.

Majes Siguas II nació en 2005 como una ampliación del proyecto original Majes I, culminado dos décadas antes. En su diseño inicial, la obra fue valorizada en 266.5 millones de dólares. Sin embargo, para 2010 —año en que se firmó el contrato de concesión— el monto ya se había duplicado hasta los $ 550.4 millones. Luego, con la controvertida adenda 13, el costo escaló a 655 millones de dólares, sin que a la fecha se haya completado ni siquiera la fase inicial de construcción.

El contrato dividía la ejecución en dos fases: la primera contemplaba la represa Angostura y el túnel trasandino, por un valor de 282.2 millones de dólares; la segunda, la infraestructura para llevar y distribuir el agua en la pampa de Siguas. Se han desembolsado ya 162 millones de dólares para la Fase I, con un avance financiero del 57%, pero un avance físico vergonzoso: menos del 4%. Con ese panorama, es legítimo preguntarse: ¿cómo se pretende completar el resto de la obra con apenas $ 120 millones pendientes?

A este retraso se suman los serios incumplimientos por parte de la concesionaria. Cobra no subsanó observaciones técnicas, no entregó el expediente N°2, omitió presentar estados financieros entre 2017 y 2022, no actualizó las garantías contractuales y modificó unilateralmente el diseño de varios componentes claves, como el tramo Lluclla–Siguas. Además, no reanudó las obras tras la firma de la adenda 13 y no ha presentado su cierre financiero, paso esencial para asegurar el financiamiento total de la obra.

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Pese a las advertencias, el GORE Arequipa formalizó estos reclamos mediante oficio. Pero el 9 de setiembre de 2023, la empresa respondió anunciando la resolución unilateral del contrato, acusando al concedente —el Estado— de graves incumplimientos. No solo eso: Cobra advirtió que exigirá una compensación de más de 200 millones de dólares por daños y perjuicios. Esa cifra hoy se ha transformado en una demanda formal de 1.400 millones de dólares ante el CIADI.

Aquí surge una interrogante clave: ¿cómo una obra contratada por 550 millones puede convertirse en una demanda casi tres veces mayor? Esa inflación del conflicto refleja no solo la mala gestión del proyecto, sino también la debilidad institucional para defender el interés público. Y sin embargo, desde el Gobierno central se plantea ahora que lo mejor sería «llegar a un acuerdo» con la misma empresa, para evitar que el arbitraje se prolongue por más de una década.

En mayo de 2024, el ministro del MIDAGRI expuso en el Consejo Regional de Arequipa un “escenario pesimista”: si se sigue con el arbitraje, las obras recién se reiniciarían en 2031 y concluirían en 2035. Pero, aseguró, si se negocia con la concesionaria, podría lograrse un nuevo inicio en apenas cinco años. Es decir, el mensaje fue claro: o arreglamos con Cobra, o nos quedamos sin proyecto hasta el 2035. Un chantaje técnico disfrazado de realismo financiero.

Mientras se hablaba de renegociaciones con la empresa demandante, el Ejecutivo intentó en paralelo entregar la culminación de Majes I al Gobierno de Canadá a través de un convenio Gobierno a Gobierno. El problema es que ese acuerdo, presupuestado en 200 millones de dólares, no podía incluir legal ni financieramente obras mayores a $ 600 millones. Ante el sinsentido, el plan fue reformulado, pero el ruido político ya estaba instalado.

En octubre de 2024, el propio ministro de Desarrollo Agrario anunció que había tres empresas interesadas en continuar Majes Siguas II: una peruana, una brasileña y una ecuatoriana. Pero ese entusiasmo también resultó ilusorio: mientras no se resuelva el arbitraje, no se puede adjudicar ni ejecutar nada. La lógica es sencilla: sin contrato definido, no hay garantías para nadie. Y sin claridad jurídica, todo nuevo intento está condenado a fracasar.

El 18 de abril de 2025, se confirmó la conformación del tribunal arbitral en el CIADI. Es un paso firme en la ruta del arbitraje, pero las señales del Gobierno son confusas. Se habla de “transferir las competencias” de Cobra a otra empresa, como si fuera posible reemplazar a un concesionario en litigio sin consecuencias legales. Y mientras tanto, se firma un nuevo convenio entre el MIDAGRI y el GORE Arequipa sin metas claras, sin cronograma, sin responsables, escudándose en cláusulas de confidencialidad.

La historia de Majes Siguas II es también la historia de una débil institucionalidad. PROINVERSION —la entidad que armó las bases, adjudicó la concesión y supervisó el proceso— ahora reaparece como salvadora del desastre. Lo que no hizo en más de una década, ahora se promete hacer en meses. Pero nada de esto resuelve el fondo del problema: la falta de voluntad para romper con el pasado y tomar decisiones firmes, incluso si implican riesgos políticos.

El MIDAGRI justifica la intervención del Ejecutivo diciendo que el GORE Arequipa “no tiene dinero”. Pero eso es falso. Desde el inicio, el compromiso del financiamiento de Majes Siguas II ha recaído en el Gobierno Central. La falta de recursos es solo una excusa para centralizar decisiones que luego se toman con opacidad. En vez de fortalecer capacidades regionales, se opta por desplazar responsabilidades para facilitar arreglos de despacho.

En este contexto, la mayor preocupación es que el gobernador regional haya pasado de calificar a Cobra como una empresa “que ya no tiene nada que hacer” en Arequipa, a mostrarse complaciente con las decisiones del MIDAGRI. La incoherencia es grave. Y si el resultado de todo este proceso es que Cobra retorne disfrazada o con otro nombre, habremos perdido no solo tiempo y dinero, sino también la dignidad de exigir justicia.

No se trata de defender una posición política ni de alentar el conflicto por el conflicto. El cariño a nuestra tierra obliga a hablar con claridad: el arbitraje no debe ser temido, sino asumido como una vía legítima para defender el interés público. Lo que no podemos permitir es volver a empezar, otra vez, con los mismos actores y las mismas promesas. Como decía González Prada: “Rompamos el pacto infame y tácito de hablar a media voz”. Y hoy, ni siquiera se habla a media voz.