La Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima declaró consentida la Disposición N° 13, emitida el 18 de diciembre de 2024, que archivó la investigación preliminar contra Hipólito Batallanos y otros siete implicados por presunta organización criminal. La resolución, que no procedió a formalizar la investigación preparatoria, se basó en el vencimiento del plazo de cinco días hábiles para que los agraviados apelaran.
Carlos Cerritelli Valdivia, denunciante principal, había acusado a Batallanos, su esposa Bacilia Zapata Ramos y cinco funcionarios de Coopac Sudamericana de conformar una organización criminal dedicada a estafa, fraude, lavado de activos y financiamiento con información fraudulenta.
De acuerdo con la denuncia de Carritelli, una trabajadora se contactó con él por teléfono para ofrecerle un interés de 12.5% anual por ahorrar en la financiera 150 mil soles. La promesa, dijo, era que todos los meses le pagarían S/ 1.500, como si fuese un sueldo. Eso ocurrió hasta agosto del 2022, cuando acudió a retirar todos sus ahorros y los trabajadores le dijeron que ya no podían hacerlo en una sola tanda. En cambio le prometieron una devolución en partes. Pero tampoco cumplieron. Poco después la cooperativa fue intervenida por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)
La Fiscalía notificó la disposición a Cerritelli vía correo electrónico el 20 de diciembre de 2024 y de forma física el 16 de enero de 2025. Sin embargo, el denunciante no presentó recurso alguno dentro del plazo establecido (05 días).
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Implicancias
Jaime Fernández, abogado de uno de los implicados, señaló que este archivo podría sentar un precedente favorable para Batallanos en otros casos, como el de Credicoop, donde miles de cooperativistas reclaman pérdidas económicas. “Al no vincular directamente a Batallanos con Coopac Sudamericana, podría replicarse en otros procesos”, afirmó. Revelación, en septiembre del año pasado, advirtió en un reportaje que este escenario se daría por errores del ministerio público, que no interrogó al principal involucrado Hipólito Batallanos y basó un primer intento de archivo solo en declaraciones de otros implicados que negaron conocerlo.
La resolución, firmada por el fiscal provincial Edward D. Díaz Tantaleán, cierra temporalmente este capítulo, pero deja abiertas preguntas sobre la efectividad del sistema judicial para abordar casos complejos de criminalidad organizada en el ámbito financiero.
